El gobernador de Florida, Ron DeSantis, retiró el jueves la orden de ejecución de William Lee Thompson, de 74 años, mediante una carta dirigida al alcaide de la Prisión Estatal de Florida sin ofrecer ninguna razón pública.
La decisión, inédita en el historial reciente del gobernador, llegó días antes de que Thompson fuera ejecutado el próximo martes 13 de octubre.
En la carta dirigida al alcaide Randall Polk, en Raiford, DeSantis escribió escuetamente: «Por la presente retiro la orden de ejecución que firmé el 11 de septiembre de 2026 para llevar a cabo la sentencia de William Lee Thompson». Ninguna explicación acompañó esa frase.
Es la primera vez que DeSantis cancela una orden de ejecución desde que intensificó el uso de la pena capital en Florida a partir de 2025, año en que el estado ejecutó a 19 personas, el mayor número anual desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. En lo que va de 2026, Florida acumulaba 16 ejecuciones antes de esta fecha.
Los abogados de Thompson habían argumentado en presentaciones de emergencia que su cliente padece demencia y no comprende racionalmente ni su condena ni la inminencia de su ejecución, condición que bajo la ley de Florida impediría ejecutarlo.
El neuropsicólogo Robert Ouaou, contratado por la defensa, concluyó que «el señor Thompson carece de capacidad mental para entender el hecho de su inminente ejecución y la razón de la misma».
Según documentos de la defensa, Thompson no recordaba su propia historia médica —incluyendo cirugías que le dejaron con bolsas de colostomía e ileostomía—, estaba «confundido» y «desorientado», creía que «Bush» seguía siendo presidente y no podía responder verbalmente a preguntas.
Además de la demencia, Thompson había requerido atención médica urgente por sepsis, insuficiencia cardíaca sistólica, desnutrición severa y úlceras por decúbito.
A finales de septiembre, más de 100 profesionales de la salud firmaron una carta exigiendo que se cancelara la ejecución.
DeSantis había ordenado el 17 de septiembre una evaluación psiquiátrica a cargo de tres especialistas designados por el estado, cuyo examen se realizó el primero de octubre. Los resultados nunca se hicieron públicos, y el gobernador no aclaró si influyeron en su decisión.
La Corte Suprema de Florida rechazó ese mismo jueves la solicitud de suspensión presentada por Thompson, horas antes de que DeSantis retirara la orden por su cuenta.
Thompson fue condenado por el secuestro, la agresión sexual y el asesinato de Sally Ivester, de 23 años, ocurrido el 30 de marzo de 1976 en una habitación de motel en North Miami Beach.
Junto a su cómplice Rocco Surace, sometió a la víctima a una agresión de varias horas con una cadena de cinturón, objetos contundentes y quemaduras con cigarrillos. Ivester murió de hemorragia interna y múltiples lesiones.
Thompson lleva más de 48 años en el corredor de la muerte, el cuarto período más largo de cualquier preso actualmente en ese corredor en Florida.
El retiro de la orden no equivale a una conmutación ni a un indulto: Thompson permanece en el corredor de la muerte y DeSantis podría emitir una nueva orden en el futuro.
Su abogada, Bri Lacy, expresó alivio y pidió que el Departamento de Correcciones traslade al preso a un centro médico adecuado.
La cancelación se produce en un contexto de mayor escrutinio nacional sobre la pena de muerte. A finales de septiembre, Christa Pike sobrevivió a un intento fallido de ejecución por inyección letal en Tennessee, lo que llevó al gobernador de ese estado a suspender todas las ejecuciones restantes del año.
El 13 de octubre, la ejecución de James Robertson —el otro condenado que estaba programado para ese mismo día junto a Thompson— seguía adelante.
Robertson mató a su compañero de celda en 2008 con el propósito deliberado de ser enviado al corredor de la muerte y no ha impugnado su sentencia.
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