Un juez federal suspendió una política de la administración Trump que impedía a inmigrantes detenidos completar el requisito de datos biométricos para sus solicitudes migratorias ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), restableciendo el procedimiento anterior mientras continúa el litigio.
La orden fue dictada el 7 de octubre por el juez Amir H. Ali, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en el caso J.Z. et al. v. U.S. Department of Homeland Security et al. Al amparo de la sección 705 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el juez suspendió la política adoptada en diciembre de 2025 y ordenó al gobierno presentar un informe de cumplimiento antes del 21 de octubre de 2026.
La política suspendida, anunciada por USCIS en diciembre de 2025, establecía que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «generalmente no tomará biométricos de extranjeros detenidos» con solicitudes pendientes ante USCIS, salvo que sus trámites corrieran ante los tribunales de inmigración.
Eso dejó sin cobertura a quienes tramitaban residencia permanente, visas T para sobrevivientes de tráfico humano, visas U para víctimas de otros delitos graves, estatus de inmigrante juvenil especial para menores víctimas de abuso o abandono, y asilo derivado para reunirse con un familiar al que ya se le concedió asilo.
Los biométricos —huellas dactilares, fotografías y firmas— son un requisito indispensable para que USCIS procese esas solicitudes. Si el solicitante no acude a su cita, el reglamento federal establece que la solicitud «se considera abandonada y denegada».
El problema es que la propia agencia no aprueba reprogramaciones por razón de detención o encarcelamiento, lo que convertía la política en un bloqueo de facto.
Para ciertos solicitantes, la situación era aún más crítica: completar las verificaciones de antecedentes —que requieren biométricos— puede suspender automáticamente una orden de deportación antes de que USCIS resuelva la solicitud, como ocurre con las visas T.
El juez Ali concluyó, en valoración preliminar, que la política era probablemente arbitraria y caprichosa. El DHS la adoptó sin explicar que impediría a los detenidos continuar sus trámites y sin articular una justificación racional para esa consecuencia.
La única razón ofrecida por el gobierno —«disuadir la presentación de reclamaciones frívolas y proveer consistencia operacional»— fue rechazada porque la medida afectaba a todas las solicitudes sin distinción de mérito.
El propio gobierno había reconocido en sus escritos ante el tribunal que «la recopilación de biométricos por parte de USCIS para las solicitudes de inmigración es crucial».
La suspensión no se limita a los demandantes del caso, sino que restaura el procedimiento para todos los detenidos con solicitudes pendientes ante USCIS.
El juez concedió la suspensión pero denegó la medida cautelar preliminar adicional que también habían solicitado los demandantes, al considerar que no era necesaria dado el alcance de lo ya ordenado.
Es importante precisar lo que la orden no hace: no concede residencia, no ordena la liberación de ningún detenido, no aprueba automáticamente ninguna solicitud ni frena de manera universal las deportaciones. El litigio principal continúa.
Los demandantes están representados por Democracy Forward, el National Immigration Project y el National Immigrant Justice Center.
En declaración conjunta, calificaron la política como «una trampa imposible: exigir a las personas que proporcionen biométricos para solicitar protecciones legales, negarse a recopilarlos y luego denegar sus solicitudes por no cumplir».
«Nadie debería verse obligado a elegir entre la deportación al peligro y un proceso legal diseñado para fallar», concluyeron los representantes de los demandantes.
Este fallo se inscribe en un patrón más amplio de litigación judicial contra políticas migratorias de la administración. En junio, un tribunal declaró ilegales cuatro políticas migratorias de Trump basándose también en la Ley de Procedimiento Administrativo, y en septiembre un tribunal de apelaciones rechazó otra política migratoria de la misma administración.
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