La proliferación de la minería ilegal de oro en el municipio de Jobabo, provincia de Las Tunas, ha derivado en una emergencia sanitaria silenciosa: el uso indiscriminado de mercurio en la extracción artesanal está causando enfermedades neurológicas, renales y psiquiátricas en una población cada vez más joven, según advirtió el especialista en Toxicología doctor Alejandro Mestre Barroso en un reportaje del medio estatal Periódico 26 publicado este sábado, Día de Acción contra la Contaminación por Mercurio.
Lo que comenzó como una actividad de subsistencia en comunidades como La Guásima y Jobabito ha escalado hasta convertirse en un problema de salud pública de magnitudes preocupantes, impulsado por la crisis económica que atraviesa Cuba.
El proceso artesanal de extracción, conocido como «asobe», consiste en lavar la tierra, añadir mercurio elemental para amalgamar el oro y luego quemar la mezcla resultante. Al aplicar calor, el mercurio elemental se transforma en mercurio inorgánico, altamente tóxico. El que cae en lagunas y ríos durante el lavado es degradado por microorganismos y convertido en metilmercurio, una sustancia aún más letal que se acumula en la cadena alimentaria.
«El principal órgano diana es el sistema nervioso central», advierte Mestre Barroso, quien señala que las secuelas abarcan desde complicaciones neurodegenerativas hasta afectaciones cardiovasculares y renales.
El primer caso documentado llegó al Hospital de Jobabo como un «párkinson raro» en un trabajador de las minas ilegales. «Nos pareció un párkinson tóxico», recuerda el especialista. A partir de ahí, el cuadro clínico de la zona se fue revelando en toda su gravedad: Jobabo registra hoy uno de los mayores índices de nefrópatas de la provincia, junto con altos niveles de pacientes psiquiátricos con esquizofrenia, trastornos paranoides y depresivos.
Lo más alarmante es el perfil de los afectados. «Estamos recibiendo a jóvenes, de 25 a 30 años, con insuficiencia renal aguda por complicaciones del mercurio», afirma el toxicólogo. «Desde 2024 hemos atendido a más de 25 pacientes. Si estudiamos las estadísticas nacionales, esa cifra las triplica».
La primera alerta sobre minería ilegal en la provincia se emitió en 2024. En 2025 se emitieron dos más, y a inicios de este año otra adicional. Lejos de contenerse, la actividad se ha expandido hacia El Cornito y otras zonas, con personas llegando de municipios vecinos. «No podemos focalizar exactamente la demarcación con mayor incidencia en la explotación, pero los niveles más altos de impacto del fenómeno los tenemos en Jobabo y La Guásima», señala el especialista.
El motor económico es evidente: un gramo de oro refinado se vende por más de 60,000 pesos cubanos en el mercado local, una cifra que supera con creces cualquier ingreso rural tradicional en la isla. Las autoridades han realizado varios operativos en la zona: ocho personas fueron detenidas en Jobabo en marzo de 2025 por extracción y tráfico ilegal de polvo de oro, y quince más fueron arrestadas en julio de ese mismo año, aunque la actividad no se ha detenido.
En agosto de 2026, un incidente violento entre mineros clandestinos dejó un muerto en la zona, evidenciando que los riesgos de esta actividad van más allá de los sanitarios.
Cuba es signataria del Convenio de Minamata sobre el Mercurio desde 2018, tratado que obliga a los países con minería aurífera artesanal a reducir y eliminar el uso de mercurio en amalgamación. El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos está tomando muestras de las zonas afectadas para determinar los niveles de contaminación. El MINSAP reguló en septiembre de 2026 los exámenes médicos ocupacionales e incluyó el mercurio entre los riesgos químicos sujetos a vigilancia laboral obligatoria.
El especialista advierte que el daño, si se detecta a tiempo, tiene solución: «Una persona que empieza con cualquier síntoma y acude tempranamente al médico puede tener solución. Existen antídotos que, según el cuadro clínico, pueden disminuir los efectos». Pero una vez que el daño se vuelve crónico, es muy difícil revertirlo. «Esto no es solo un problema de Jobabo o de Las Tunas —concluye Mestre Barroso—. Es un problema de salud pública que requiere una respuesta inmediata y coordinada. El mercurio no perdona, y sus víctimas son cada vez más jóvenes».
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