El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó este miércoles al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de presionar a jefes de Estado y de Gobierno para que modifiquen su posición en la votación anual de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo estadounidense a Cuba, prevista para el 28 de octubre.
La acusación llegó a través de la red social X, un día después de que el Departamento de Estado confirmara que Rubio llamó el martes al presidente salvadoreño Nayib Bukele para instarlo a alinearse con Washington en «prioridades compartidas» en la ONU, incluyendo la cuestión cubana.
«El Secretario de Estado de EE.UU., nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU», escribió Rodríguez.
El canciller también acusó a Rubio de intentar, con «reiteradas mentiras», silenciar lo que calificó de «castigo colectivo» de la administración Trump contra el pueblo cubano y «hacer cómplice» al resto de la comunidad internacional.
El Secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de @ONU_es. Rubio, por su parte, argumentó ante Bukele que «el régimen cubano no realizará las reformas que necesita el pueblo cubano mientras crea que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional».
La reacción del régimen refleja el nerviosismo ante una ofensiva diplomática de Washington que está dando resultados: el respaldo automático a Cuba en la ONU se ha erosionado de forma notable en los últimos dos años.
En la votación anual de octubre de 2025, la resolución obtuvo 165 votos a favor, frente a los 187 de 2024, con 7 en contra y 12 abstenciones. Argentina, históricamente favorable a La Habana, votó en contra por primera vez bajo el gobierno de Javier Milei.
En julio pasado, una sesión especial convocada por Cuba para debatir el embargo apenas reunió 136 votos a favor, con 9 en contra y 30 abstenciones.
La acusación de «chantaje» resulta llamativa viniendo de un gobierno que ejerce su propia presión sobre los países receptores de misiones médicas cubanas.
Washington afirma que el régimen retiene entre el 50 % y el 95 % de los pagos que esos países abonan por los servicios de los profesionales cubanos, un sistema que EE.UU. califica de «trabajo forzoso». En 2026, varios países del Caribe suspendieron o modificaron sus acuerdos con las misiones médicas tras presiones estadounidenses.
El régimen cifra el coste del embargo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 en 8.083,3 millones de dólares —la mayor cifra registrada, según afirma, un 7 % más que el periodo anterior— y el total histórico acumulado en más de 178,700 millones de dólares a precios corrientes. Se trata de datos oficiales cubanos sin verificación independiente. Rodríguez añadió que esas cifras recogen el primer mes de efectos de la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero de 2026, que restringió todas las importaciones de combustible a la isla.
Paralelamente, más de 554 opositores, activistas y organizaciones cubanas —entre ellos José Daniel Ferrer, Orlando Gutiérrez Boronat y Jorge Luis García Pérez «Antúnez»— publicaron el martes una carta dirigida a gobiernos democráticos de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Japón y América Latina, pidiéndoles votar en contra o abstenerse el 28 de octubre, con el argumento de que respaldar la resolución beneficia al régimen y no al pueblo cubano.
La resolución anual sobre el embargo se debate en la Asamblea General desde 1992 y nunca ha tenido carácter vinculante. El embargo entró en vigor el 3 de febrero de 1962, cuando el presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva que lo decretó.
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