La concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay ha desatado una ola de críticas que trasciende las reacciones de Donald Trump y el gobierno israelí.
Según la organización UN Watch y una exfuncionaria de la ONU, la galardonada es señalada por haber guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos en Cuba y por haber sido «cómplice del genocidio uigur» durante su mandato como Alta Comisionada de Naciones Unidas.
La denuncia más grave proviene de Emma Reilly, exfuncionaria de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quien afirma que entre 2008 y 2014 esa oficina entregó a las autoridades chinas los nombres de más de 50 disidentes —en su mayoría uigures— que tenían previsto participar en sesiones del Consejo de Derechos Humanos, exponiéndolos a represalias.
«La ganadora es una absoluta vergüenza», declaró Reilly en el comunicado difundido tras el anuncio del galardón.
Reilly sostiene que algunos familiares de esos activistas sufrieron intimidaciones, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones como consecuencia de la filtración de sus identidades al régimen chino.
En abril de 2024, la exfuncionaria presentó documentación sobre esas prácticas ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico.
La ONU ha reconocido que existió una práctica de confirmación de nombres a determinados Estados, pero niega que pusiera en peligro a los defensores de derechos humanos y asegura que la práctica cesó en 2015, una versión que Reilly rechaza.
Otro episodio señalado por Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, es que en diciembre de 2010 Pillay no asistió a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado por las autoridades comunistas, lo que organizaciones de derechos humanos interpretaron como una concesión a las presiones de Pekín.
«En 2010, el Comité Nobel homenajeó a Liu Xiaobo por enfrentarse a la dictadura china. Pillay se negó a asistir a su ceremonia. Ahora el Comité le concede el mismo premio», recordó Neuer, quien exigió explicaciones sobre el reconocimiento.
Los vínculos de Pillay con La Habana también son objeto de cuestionamiento. En julio de 2008, Cuba respaldó su nombramiento como Alta Comisionada en representación del Movimiento de Países No Alineados.
En marzo de 2010, mientras la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo —fallecido tras una huelga de hambre de unos 85 días en prisión— generaba condenas internacionales, Pillay posaba sonriente en Ginebra junto al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
En abril de 2019 visitó La Habana como presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y agradeció la hospitalidad del régimen cubano y su disposición a escuchar recomendaciones para abolir esa sanción.
Sin embargo, el Código Penal aprobado por Cuba en 2022 no solo mantuvo la pena de muerte, sino que amplió de 20 a 24 las figuras delictivas castigadas con ella.
Un estudio de UN Watch de 2011 documentó que durante sus primeros dos años como Alta Comisionada, Pillay guardó silencio sobre violaciones en 34 países considerados «no libres» por Freedom House, entre ellos Cuba, Corea del Norte, Arabia Saudí, Sudán y Eritrea, mientras emitía 21 declaraciones sobre Oriente Medio, nueve de ellas referidas a Israel.
El galardón también generó un contraste político llamativo: el presidente español Pedro Sánchez felicitó a Pillay efusivamente apenas dos horas después del anuncio, elogiándola por dedicar su vida a «perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos».
Esa celeridad contrasta con su actitud ante el Nobel de la Paz concedido en 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, cuando Sánchez se negó a felicitarla públicamente: «Yo es que no me pronuncio sobre los premios Nobel, no entro a valorarlo», afirmó entonces a la Cadena SER.
La ceremonia de entrega del galardón a Pillay está prevista para el 10 de diciembre de 2026 en Oslo.
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