Dos personas retenidas en el centro de detención migratoria estatal conocido como «Deportation Depot», en Sanderson, Florida, fueron puestas en libertad por equivocación el fin de semana pasado tras pagar fianza, según confirmó este miércoles la Florida Division of Emergency Management (FDEM).
Ambos fueron localizados y devueltos a custodia poco después.
La portavoz de la agencia, Stephanie Hartmann, calificó el incidente de «error administrativo» y aseguró que «no existe amenaza continua para el público». «El asunto está siendo revisado para garantizar la rendición de cuentas y prevenir incidentes similares», añadió. No se han revelado los nombres, nacionalidades ni antecedentes de los dos individuos.
El episodio pone en evidencia las grietas de un sistema de detención estatal que opera bajo presión creciente. El Deportation Depot —instalado en la antigua Baker Correctional Institution, cerrada desde 2021— no es gestionado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sino directamente por el estado de Florida a través de la FDEM, la misma agencia responsable de la respuesta a huracanes, que días antes había tenido que atender el paso del huracán Isaias por el Panhandle.
El «Deportation Depot» y los centros de detención migratoria en Florida siguen siendo foco de controversia. Consulta la sección de Inmigración en EE.UU. para seguir de cerca todo lo que ocurre con las políticas migratorias y sus efectos en la comunidad.
Entre los detenidos en el centro hay cubanos, venezolanos, hondureños, guatemaltecos y rusos, incluyendo adultos mayores, beneficiarios de DACA y solicitantes de asilo con casos pendientes. El centro alberga actualmente unas 1,000 personas, aunque una carta de demanda formal presentada el 8 de octubre por la ACLU de Florida, el Southern Poverty Law Center y Americans for Immigrant Justice cifra la población real entre 1,200 y 1,400 detenidos, por encima de la capacidad oficial de 1,165.
Esa carta de 21 páginas dirigida a la FDEM, ICE y la empresa gestora GEO Group documenta siete categorías de violaciones graves y exige el cierre inmediato del centro, con plazo de respuesta al 22 de octubre. Las organizaciones describen las condiciones como «punitivas e inconstitucionales» y detallan casos que van desde negligencia médica potencialmente mortal hasta abusos físicos y obstáculos al acceso legal.
Entre los casos documentados figura un detenido que llegó al centro a mediados de abril, se desmayó sin recibir atención y fue diagnosticado posteriormente con tres hemorragias cerebrales y una fractura de cráneo; fue devuelto al centro en dos o tres días y en junio fue reintegrado a la población general con daño cerebral y dificultades para caminar. Un agente le retiró su silla de ruedas.
La carta también recoge que un detenido perdió 44 libras en siete meses por las raciones insuficientes, que las temperaturas en las zonas habitacionales superan los 98 grados Fahrenheit en verano —muy por encima del umbral de 88 grados considerado peligroso— y que aproximadamente el 90% de las ventanas están rotas. En abril, agentes de GEO rociaron con gas pimienta a un grupo que protestaba por la falta de agua potable; algunos de los enviados al aislamiento no pudieron lavarse el gas durante tres días.
Las visitas familiares están completamente prohibidas. Un detenido lleva cinco meses sin ver a su familia. No se permiten tabletas ni mensajes digitales, ni siquiera fotografías de familiares.
El centro opera bajo un contrato estatal de hasta 101 millones de dólares con GEO|CDR BAKER, empresa creada en agosto de 2025 y vinculada a The GEO Group, el mayor contratista privado de detención del país. Al 22 de septiembre se habían pagado aproximadamente 32 millones de dólares. El centro nunca ha sido inspeccionado por la Oficina de Supervisión de Detenciones de ICE, ni estaba programado para serlo en los años fiscales 2026 ni 2027, según el informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicado en septiembre.
La FDEM, que gestiona simultáneamente la detención migratoria y la respuesta a desastres naturales, proyecta un déficit de hasta 1,500 millones de dólares en su fondo de emergencia al cierre del año fiscal 2026-2027, y ha recibido solo 84,6 millones de los 608 millones prometidos en subvenciones federales. El cierre de Alligator Alcatraz en junio dejó además una disputa financiera sin resolver que agrava aún más la situación de la agencia.
Las organizaciones firmantes de la carta esperan respuesta antes del 22 de octubre. De no recibirla, anticipan acciones legales adicionales contra el centro.
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