El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes un paquete de 340,3 millones de dólares en inversiones para el Caribe y Centroamérica, distribuidos en conectividad digital, salud y seguridad, durante el Diálogo EE.UU.-Caribe celebrado el jueves en Washington bajo la presidencia del subsecretario de Estado Christopher Landau.
El encuentro materializó el compromiso que el secretario Marco Rubio había asumido ante los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en su reunión de febrero en Saint Kitts y Nevis, y reunió delegaciones de alto nivel de 15 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
El rubro más cuantioso del paquete es el Programa de Cables Submarinos para el Caribe y Centroamérica, dotado con 175,8 millones de dólares para expandir conectividad de alta velocidad con proveedores considerados confiables y hacer las redes más resistentes ante interrupciones.
Esta iniciativa amplía y formaliza con financiamiento concreto una propuesta previa lanzada en agosto, cuando Washington ya instaba a los gobiernos regionales a excluir proveedores no confiables —en alusión implícita a empresas chinas— de sus ecosistemas de telecomunicaciones.
En materia de salud, el Departamento de Estado anunció 61,5 millones de dólares a través del programa ASPIRE (Alianza Estratégica de las Américas para la Excelencia Sanitaria Regional Independiente), sujeto a aprobación del Congreso, con el objetivo de que los gobiernos caribeños construyan fuerzas laborales sanitarias autosuficientes mediante «contratación ética y transparente, con salarios justos que lleguen directamente a los trabajadores».
La dimensión geopolítica de ASPIRE es evidente: al financiar la autosuficiencia sanitaria caribeña con salarios directos a los profesionales, apunta a reducir la dependencia regional de misiones médicas extranjeras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó en abril de 2026 retenciones salariales de entre 60% y 97,5% en misiones médicas cubanas activas en la región, que el propio Rubio ha calificado de «trabajo forzado».
En el ámbito de la seguridad, los fondos se canalizan a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI). Se destinan 37 millones a proteger infraestructura digital crítica, puertos y combatir la pesca ilegal no declarada, y otros 66 millones para fortalecer la capacidad de los socios caribeños frente a organizaciones criminales transnacionales: 55 millones en asistencia para control de narcóticos y aplicación de la ley, y 11 millones en financiamiento militar.
Las sesiones del diálogo abordaron seguridad energética, crecimiento económico, infraestructura crítica, tecnología confiable, respuesta ante desastres y «la lucha contra narcoterroristas y organizaciones criminales transnacionales», según el comunicado oficial.
Al margen de las sesiones formales, delegaciones caribeñas se reunieron con líderes empresariales estadounidenses en un almuerzo de negocios y una recepción vespertina para explorar proyectos en energía, minerales críticos, puertos e infraestructura digital.
Cuba no figura entre los países participantes del diálogo ni como beneficiaria de ninguno de los programas anunciados.
El Departamento de Estado también confirmó la celebración de una Cumbre de Inversión del Caribe a principios de 2027 para conectar empresas, financiadores y agencias gubernamentales de EE.UU. con socios caribeños, y un Ministerial de Seguridad CBSI en la primavera del mismo año, en coordinación con ministros de seguridad caribeños y la agencia IMPACS de CARICOM.
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