El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves un programa de 61,5 millones de dólares para ayudar a los gobiernos del Caribe a contratar profesionales de la salud de forma directa y transparente, garantizando que los salarios lleguen íntegramente a los trabajadores y no a intermediarios estatales.
El anuncio se produjo en el marco del Diálogo Estados Unidos–Caribe celebrado en Washington, presidido por el subsecretario de Estado Christopher Landau el miércoles 15 de octubre, con delegaciones de alto nivel de 15 países de la región, entre ellos Jamaica, Belice, Barbados, Trinidad y Tobago y Haití.
El programa se denomina ASPIRE (Alianza Estratégica de las Américas para la Excelencia Sanitaria Regional Independiente) y, según el Departamento de Estado, busca que los gobiernos caribeños construyan fuerzas laborales sanitarias autosuficientes mediante contratación ética y remuneración justa pagada directamente a cada profesional.
La financiación aún requiere aprobación del Congreso estadounidense, por lo que el anuncio representa un compromiso político, no fondos ya desembolsados.
ASPIRE se inscribe en una ofensiva diplomática más amplia contra el modelo de misiones médicas cubanas, que Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas organizaciones de derechos humanos califican de trabajo forzoso y tráfico de personas.
Según denuncias documentadas, el régimen cubano retiene entre el 60% y el 97,5% de los pagos que los países receptores abonan por cada profesional, lo que le genera entre 5,000 y 6,000 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de la organización Prisoners Defenders.
En abril de 2026, la CIDH publicó un informe de 199 páginas basado en testimonios de 71 profesionales en 109 países, en el que recomendó a los estados americanos retirarse del programa de misiones médicas cubanas.
A lo largo de 2026, al menos diez países de la región cancelaron o no renovaron sus acuerdos con Cuba: Jamaica, Guatemala, Honduras, Guyana, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica y Granada, entre otros.
El caso más emblemático fue el de Jamaica, que puso fin en marzo a un convenio vigente desde 1976, lo que llevó a Cuba a retirar 277 profesionales de la isla.
Jamaica habilitó posteriormente la contratación directa e individual de médicos cubanos bajo su legislación laboral local, un modelo que ASPIRE pretende financiar y replicar en toda la región.
En julio, EE.UU. sancionó al ministro cubano de Salud, José Ángel Portal Miranda, y a la Unidad Central de Cooperación Médica, calificando el programa de «trabajo forzoso» y «tráfico de seres humanos».
Mientras tanto, Belice sigue aplazando su decisión sobre el futuro de los 92 profesionales cubanos que integran su brigada médica.
ASPIRE forma parte de un paquete total de compromisos estadounidenses para el Caribe que supera los 340 millones de dólares, según informó el Departamento de Estado.
El paquete incluye además 175,8 millones para cables submarinos de conectividad digital, 37 millones para infraestructura crítica y lucha contra la pesca ilegal, y 66 millones para cooperación en seguridad y combate al narcotráfico.
El diálogo cumple el compromiso que el secretario de Estado Marco Rubio asumió ante los jefes de gobierno de CARICOM en su reunión de febrero de 2026 en Saint Kitts and Nevis, y Washington ya anunció que organizará una Cumbre de Inversión en el Caribe a principios de 2027 para conectar empresas y financiadores estadounidenses con socios de la región.
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