Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico, firmó el viernes 16 de octubre la Resolución Conjunta 66-2026, mediante la cual solicita formalmente al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos la admisión de la isla como el estado número 51 de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.
La firma se celebró en una ceremonia oficial con la presencia de legisladores de las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, secretarios del gabinete y representantes de la sociedad civil.
«Firmé la Resolución Conjunta 66-2026, que solicita formalmente al Presidente y al Congreso de Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados», escribió la mandataria en X.
González vinculó la medida con uno de sus compromisos electorales: «Con esta firma, cumplimos con el compromiso de nuestro Programa de Gobierno de priorizar la estadidad y honrar la voluntad de nuestra gente expresada en las urnas».
La gobernadora también apeló a la contribución histórica de los puertorriqueños a Estados Unidos para defender su petición.
«Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra Nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión», afirmó.
¿Qué establece la resolución?
La Resolución Conjunta 66-2026 fue tramitada originalmente en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico como Resolución Conjunta de la Cámara 391 (R. C. de la C. 391). Ambas denominaciones corresponden al mismo instrumento legislativo en diferentes etapas de su aprobación.
Tras su aprobación legislativa y la firma de la gobernadora el 16 de octubre de 2026, la medida recibió su numeración oficial definitiva como Resolución Conjunta 66-2026.
Según el material oficial difundido por González, el documento «establece con fuerza de ley el reclamo formal de admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión como política pública del Gobierno de Puerto Rico» y dispone la utilización de recursos gubernamentales para promover esa petición ante las autoridades federales.
La petición está dirigida al presidente Donald Trump, a los presidentes de ambas cámaras del Congreso federal y a los demás legisladores estadounidenses.
¿Qué viene ahora para Puerto Rico?
La firma de la resolución formaliza la posición del Gobierno puertorriqueño a favor de la estadidad, pero no convierte automáticamente a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos.
De acuerdo con el artículo IV, sección 3, cláusula 1 de la Constitución estadounidense, la facultad de admitir nuevos estados corresponde al Congreso federal.
Para que Puerto Rico se convierta en el estado número 51, el Congreso tendría que tramitar y aprobar una legislación de admisión. En el procedimiento legislativo ordinario, un proyecto debe superar las etapas correspondientes en la Cámara de Representantes y el Senado y recibir la firma presidencial, salvo que se convierta en ley mediante otro mecanismo constitucional.
La iniciativa enfrenta obstáculos políticos, entre ellos la falta de consenso en Washington sobre la incorporación de Puerto Rico como estado.
González ha planteado impulsar un nuevo proyecto de admisión en el Congreso después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre de 2026.
Los intentos anteriores de convertir a Puerto Rico en el estado 51
La nueva resolución se suma a décadas de iniciativas y consultas populares sobre el futuro político de la isla.
En noviembre de 2020, Puerto Rico votó a favor de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, con el 52,52 % de los votos emitidos en aquella consulta. Sin embargo, el resultado no produjo una ley federal de admisión.
En diciembre de 2022, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto H.R. 8393, conocido como Puerto Rico Status Act, con 233 votos a favor. La propuesta contemplaba un proceso para decidir el futuro estatus político de la isla, pero no llegó a convertirse en ley porque no fue aprobada por el Senado.
Estos antecedentes reflejan una diferencia fundamental entre las consultas y decisiones adoptadas en Puerto Rico y la autoridad constitucional del Congreso estadounidense para modificar el estatus territorial.
Un debate político que divide a Puerto Rico
La estadidad es una de las principales propuestas del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación política de la gobernadora Jenniffer González.
El debate sobre el futuro de Puerto Rico incluye también otras alternativas, como la independencia y distintas fórmulas de asociación política con Estados Unidos.
El Partido Popular Democrático (PPD) ha defendido históricamente el Estado Libre Asociado, mientras que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) promueve la independencia.
Entre los principales puntos de discusión figuran la representación política de los puertorriqueños en Washington, las consecuencias económicas y fiscales de una eventual admisión, la identidad cultural y el alcance de la autonomía política de la isla.
Puerto Rico, territorio estadounidense desde 1898
Puerto Rico quedó bajo soberanía estadounidense en 1898, cuando España cedió la isla a Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense.
En 1917, la legislación federal reconoció la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Sin embargo, quienes residen en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales generales y carecen de representación con voto en el pleno de ambas cámaras del Congreso.
Puerto Rico cuenta con un comisionado residente en la Cámara de Representantes federal, que puede participar en determinados trabajos legislativos, pero no votar en la aprobación final de leyes en el pleno.
El régimen tributario de la isla también difiere del de los estados. Como regla general, los residentes bona fide de Puerto Rico no pagan impuesto federal sobre los ingresos obtenidos de fuentes puertorriqueñas, aunque existen excepciones y obligaciones fiscales federales según el origen de los ingresos, el tipo de actividad económica y otras circunstancias.
Asimismo, se aplican determinadas contribuciones federales vinculadas a programas como el Seguro Social y Medicare.
La Resolución Conjunta 66-2026 mantiene la estadidad como una prioridad oficial del Gobierno de Jenniffer González. Su eventual materialización dependerá de que el Congreso estadounidense apruebe una legislación que admita a Puerto Rico como nuevo estado de la Unión.
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