Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico, firmó este viernes la Resolución Conjunta 66-2026 mediante la cual solicita formalmente al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos la admisión de la isla como el estado número 51 de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.
El acto se celebró en una ceremonia oficial con presencia de legisladores de las mayorías de la Cámara y el Senado de Puerto Rico, secretarios del gabinete y representantes de la sociedad civil.
«Firmé la Resolución Conjunta 66-2026, que solicita formalmente al Presidente y al Congreso de Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados», escribió la mandataria en X.
Añadió que la medida honra un compromiso electoral: «Con esta firma, cumplimos con el compromiso de nuestro Programa de Gobierno de priorizar la estadidad y honrar la voluntad de nuestra gente expresada en las urnas».
González también apeló a la contribución histórica de los puertorriqueños a Estados Unidos.
«Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra Nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión», añadió.
¿Qué establece la resolución?
La Resolución Conjunta 66-2026, también identificada como Resolución Concurrente de la Cámara 391, va más allá de una declaración simbólica.
Según el material oficial difundido por la propia gobernadora, el documento «establece con fuerza de ley el reclamo formal de admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión como política pública del Gobierno de Puerto Rico» y ordena el uso de todos los recursos gubernamentales para promoverla en cualquier foro disponible.
La resolución fue enviada formalmente a Trump, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes federales, y a todos los miembros del Congreso.
¿Qué viene ahora? El largo camino constitucional
La firma es un paso político relevante, pero no convierte automáticamente a Puerto Rico en estado.
El proceso constitucional exige que el Congreso federal apruebe una ley de admisión bajo el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 1 de la Constitución de EE.UU., lo que implica presentar un proyecto de ley, evaluarlo en comités, aprobarlo en ambas cámaras y promulgarlo el presidente.
El principal obstáculo es la posición del propio Trump.
En mayo de 2026 calificó la estadidad de Puerto Rico de «un desastre», y en julio afirmó que «lloraría» si Puerto Rico y Washington D.C. se convierten en estados.
Ante ese panorama, González indicó que esperará a las elecciones de medio término de 2026 para impulsar un nuevo proyecto congresional.
No es el primer intento.
Puerto Rico votó a favor de convertirse en el estado 51 en noviembre de 2020, con el 52,52% de los votos, pero el Congreso no aprobó ninguna ley de admisión.
En diciembre de 2022, la Cámara aprobó el proyecto H.R. 8393 con 233 votos a favor, pero el Senado no lo ratificó.
Reacciones divididas
Pablo José Hernández, comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), sostuvo que la resolución no cambiará el estatus político de la isla, y cuestionó que el Gobierno priorice la estadidad sobre problemas urgentes como la electricidad y el agua potable.
Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), calificó la medida de acto político y afirmó que no constituye un esfuerzo serio para resolver el estatus de Puerto Rico.
El debate enfrenta históricamente tres posturas: la estadidad —impulsada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) de González— la permanencia como Estado Libre Asociado y la independencia.
Quienes se oponen, advierten sobre el riesgo de perder la identidad cultural y la soberanía fiscal.
Un territorio en un limbo desde 1898
Puerto Rico permanece bajo la autoridad de Washington desde 1898, cuando España cedió la isla tras la guerra hispano-estadounidense.
En 1917, los puertorriqueños recibieron la ciudadanía estadounidense, aunque sin derecho a votar en las elecciones presidenciales ni con representación plena en el Congreso federal.
La isla está exenta de impuestos federales sobre ingresos, pero contribuye a la Seguridad Social y al seguro médico para mayores, y recibe menos fondos federales que los estados de la Unión.
La resolución firmada por González es la gestión formal más reciente en una historia de al menos siete consultas sobre el estatus desde 1967, ninguna de las cuales ha producido un cambio real.
El siguiente paso decisivo depende ahora de un Congreso y una Casa Blanca que, hasta el momento, han mostrado escaso entusiasmo por la causa.
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