El Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, presentó este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar revertir la suspensión del derecho al sufragio de miles de ciudadanos nacionalizados mediante la llamada Ley de Nietos, con vistas a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Según la nota oficial del Defensor del Pueblo, Gabilondo solicitó al Constitucional que adopte «medidas cautelarísimas» y que se pronuncie sobre «la interpretación del Tribunal Supremo acerca de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática».
La acción se produce cuatro días después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazara el recurso del Estado y mantuviera la suspensión cautelar del voto para determinados nacionalizados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
El alto tribunal desestimó los argumentos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que habían advertido de que revisar los expedientes consulares antes de los comicios era materialmente imposible y que la medida vulneraba un derecho fundamental.
El Supremo sostuvo, en cambio, que el derecho al voto no es «de carácter absoluto», sino que se supedita a «intereses generales», como «el de preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral, que debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano».
La suspensión alcanza potencialmente a 163,020 electores, según los datos que el propio Gobierno español trasladó al Supremo, lo que la convierte en la primera restricción masiva del sufragio en la historia de la democracia española a tan solo semanas de unos comicios.
Gabilondo tomó la decisión tras recibir solicitudes de particulares y entidades, entre ellas el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano consultivo que representa a más de tres millones de españoles residentes fuera de España.
Ese organismo le presentó un escrito el 13 de octubre en el que le pedía que recurriera al Constitucional y que se adoptaran medidas para proteger el sufragio de los inscritos en el CERA, invocando el artículo 14 de la Constitución —«los españoles son iguales ante la ley»— y el artículo 23.1, que garantiza el derecho a participar en los asuntos públicos mediante elecciones periódicas por sufragio universal.
La suspensión genera además dos paradojas llamativas: los nacionalizados por la Ley de Nietos que residen actualmente en España sí podrán votar el 29-N, porque la restricción solo afecta a las inscripciones en el censo exterior; y hay afectados que sí ejercieron su voto en las elecciones de 2023 y ahora quedarán excluidos.
Paralelamente, los afectados por la suspensión tienen hasta el 22 de octubre para personarse ante el Supremo como parte codemandada, con abogado y procurador, tras la publicación del plazo en el Boletín Oficial del Estado el 15 de octubre.
El recurso del Defensor enfrenta, no obstante, un posible obstáculo procesal: el principio de subsidiariedad del amparo constitucional exige haber agotado previamente la vía judicial ordinaria, y fuentes del Tribunal Constitucional han advertido que podría ser inadmitido si no se cumple ese requisito.
Esta actuación es una de las últimas de gran calado del mandato de Gabilondo, que expira el 16 de noviembre, antes incluso de que se celebren las elecciones cuyo resultado podría verse condicionado por la exclusión de más de 163,000 votantes.
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