Ante las montañas de basura que invaden las calles de La Habana y la incapacidad del servicio estatal para garantizar su recogida regular, un artículo publicado en el periódico oficialista Trabajadores propone extender los servicios privados de recolección de desechos y plantea que los vecinos paguen 100 pesos cubanos por una retirada.
La propuesta aparece en un artículo titulado «Cien pesos por una calle limpia», publicado este sábado por la periodista oficialista Thalía Fuentes Puebla, quien reconoce abiertamente el deterioro de la higiene urbana y cuestiona la incapacidad de las autoridades para mantener despejados los barrios de la capital.
«¿Cuándo se volvió normal que la basura forme parte del paisaje habanero?», pregunta la autora al describir contenedores desbordados, desperdicios amontonados en las esquinas y enormes acumulaciones de residuos que ocupan las aceras.
El artículo advierte que la basura ha dejado de ser únicamente un problema de imagen urbana y representa una amenaza para la salud de los residentes, obligados a convivir con malos olores, moscas, mosquitos y roedores.
La periodista atribuye el problema a un sistema estatal de recogida que no consigue mantener la frecuencia necesaria para una ciudad como La Habana.
Entre las causas menciona la falta de combustible, la escasez de piezas de repuesto y la paralización de camiones recolectores, aunque rechaza que esas dificultades justifiquen la persistencia del problema.
«Las carencias no deben servir de coartada para una gestión estatal que no logra mantener despejados los barrios», sostiene.
Ante ese panorama, Fuentes plantea ampliar la participación del sector privado en la recogida de residuos, tomando como referencia iniciativas que ya funcionan o han sido puestas en marcha en determinados municipios habaneros.
Según explica, algunas mipymes utilizan vehículos y equipos propios para retirar desperdicios en coordinación con entidades estatales en territorios como Playa y Guanabacoa.
También menciona a trabajadores independientes que cobran por llevarse los desechos y al proyecto de desarrollo local El Rampeño, concebido para prestar servicios de recogida puerta a puerta mediante triciclos eléctricos en el Vedado.
La autora considera que estos modelos podrían extenderse a otras comunidades donde la recogida estatal resulta insuficiente.
«Cien pesos por una retirada es una suma modesta frente a lo que cuesta convivir con el basurero», argumenta, en referencia a los riesgos sanitarios, las plagas y los malos olores que padecen los vecinos.
La afirmación resulta significativa porque plantea que los residentes asuman directamente un gasto adicional para resolver una necesidad básica que el sistema público no está consiguiendo atender de manera adecuada.
Sin embargo, los 100 pesos mencionados en el artículo no constituyen una nueva tarifa oficial aprobada para toda La Habana. Se trata de una cantidad propuesta por la periodista como ejemplo de lo que considera un pago razonable por el servicio.
En su propuesta, Fuentes considera necesario facilitar permisos, establecer reglas claras y habilitar lugares autorizados donde los operadores privados puedan depositar los desperdicios recogidos.
Advierte que retirar la basura de una calle no resuelve el problema si posteriormente no existe un lugar adecuado para recibirla.
El planteamiento también reconoce que las iniciativas privadas no pueden sustituir completamente las responsabilidades del Estado, especialmente cuando se trata de un servicio relacionado directamente con la salud pública.
La periodista defiende que las instituciones continúen regulando, coordinando y garantizando una estructura pública capaz de atender los barrios donde no existan alternativas privadas.
No obstante, la propuesta llega en un momento en que algunos de los proyectos que menciona como referencia ya han enfrentado dificultades importantes.
En julio último, el Consejo Popular Rampa puso en marcha una prueba piloto del proyecto El Rampeño, diseñado para recoger basura puerta a puerta mediante triciclos eléctricos.
La iniciativa contemplaba una tarifa de 100 pesos mensuales por vivienda y pagos a partir de 15,000 pesos para negocios privados, mipymes y entidades estatales, además de exenciones previstas para personas en situación de vulnerabilidad.
El importe residencial anunciado para El Rampeño era, por tanto, una cuota mensual y no un cobro de 100 pesos por cada recogida, como plantea el artículo de opinión publicado ahora.
El proyecto preveía inicialmente la utilización de 30 triciclos eléctricos y una estación de carga alimentada por paneles solares, con el propósito de reducir la dependencia del combustible convencional.
Sin embargo, cuando comenzó la prueba piloto solo se encontraban disponibles cinco de los 30 vehículos previstos.
Las dificultades continuaron durante las semanas siguientes. En agosto, el presidente del Consejo Popular Rampa, Pedro Lizardo Garcés Escalona, reconoció públicamente que el proyecto no había conseguido cumplir su objetivo inicial.
«Lamentablemente, la idea inicial y el objetivo con el que se diseñó la recogida de desechos sólidos en triciclos eléctricos no se ha logrado concretar», admitió entonces.
Entre los obstáculos mencionó que todavía no había concluido la estación de carga solar proyectada en las calles 23 y J, así como las demoras en encontrar soluciones para mantener operativos los vehículos.
Según explicó, algunas instituciones habían colaborado facilitando la recarga de los triciclos, pero esas alternativas no resultaron suficientes para desarrollar el servicio según lo previsto.
Este antecedente introduce una cuestión importante en el debate: incluso las iniciativas privadas o comunitarias requieren infraestructura, energía, equipos operativos y coordinación para garantizar una recogida regular de los desechos.
Por ello, la presentación de El Rampeño como una experiencia que podría extenderse a otros municipios debe contrastarse con las dificultades reconocidas por sus propios responsables apenas dos meses antes.
En otros barrios habaneros, los ciudadanos también han intentado encontrar soluciones por su cuenta ante la ausencia de camiones recolectores.
En mayo, residentes del Casino Deportivo, en el municipio Cerro, organizaron una iniciativa comunitaria para retirar la basura, con participación de vecinos y delegados de la zona.
El proyecto surgió después de que la falta de combustible impidiera mantener el servicio habitual de recogida mediante camiones.
Un video difundido en redes sociales mostró a los participantes convocando a los residentes para entregar sus desperdicios, mientras otras personas pedían extender la iniciativa a sus propios barrios.
La participación privada en la recogida de residuos también comenzó a extenderse fuera de La Habana.
En agosto, una mipyme de la Isla de la Juventud anunció un servicio de recogida de basura con una tarifa de 100 pesos mensuales por vivienda, inicialmente dirigido a determinadas comunidades.
La experiencia fue presentada como una alternativa para mejorar la higiene local mediante un sistema de pagos directos de los residentes, con la intención de ampliar posteriormente su cobertura.
Estas iniciativas aparecen en medio de una crisis de recogida de desechos que lleva años deteriorando las condiciones sanitarias de la capital cubana.
En febrero de 2026, según datos divulgados sobre los servicios comunales de La Habana, apenas 44 de los 106 camiones recolectores de la ciudad se encontraban operativos.
La capital generaba entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos diariamente, mientras la cantidad de vehículos y contenedores disponibles resultaba insuficiente para atender ese volumen.
Los intentos oficiales de limpieza tampoco han conseguido resolver de manera sostenida el problema.
En octubre de 2025, las autoridades informaron que habían retirado más de 396,000 metros cúbicos de basura durante una campaña intensiva de higienización, pero reconocieron que todavía quedaba mucho por hacer.
Un mes después, trascendió que el propio Gobierno no disponía de una medición precisa de la cantidad de residuos que generaba la ciudad, una carencia que dificultaba organizar rutas de recogida, calcular las necesidades de equipos y evaluar los resultados de las campañas.
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