El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lanzó este martes sus declaraciones más contundentes hasta la fecha sobre la llamada Ley de Nietos, al asegurar que el Tribunal Constitucional no se atreverá a contradecir al Tribunal Supremo ni a la Junta Electoral Central en el conflicto sobre el voto exterior de los nacionalizados.
En una entrevista de Feijóo en el programa Herrera en COPE, el líder popular fue categórico: «El Tribunal Constitucional no se atreverá, a sabiendas, a dictaminar una resolución injusta», y añadió que «no se atreverá a hacer un disparate de esta naturaleza».
Feijóo formuló estas advertencias mientras el Pleno del Constitucional —los 12 magistrados presididos por Cándido Conde-Pumpido— examinaba si admitía el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para intentar restablecer el voto exterior de unos 163.020 nacionalizados antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Informaciones del propio martes apuntaban a que una mayoría del Pleno se inclinaba por rechazar la admisión, en línea con un informe de los letrados del tribunal que calificó el recurso de «prematuro» porque el plazo de alegaciones ante el Supremo no vencía hasta el 22 de octubre.
El líder del PP también cuestionó la denominación misma de la norma: «No es ni ley, ni de nietos», argumentando que la ampliación de beneficiarios a bisnietos y tataranietos se realizó mediante una instrucción de una directora general, no a través de las Cortes.
Calificó la Ley de Nietos de «un disparate dentro del disparate que hemos vivido estos años» y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber sido «pillado haciendo trampas» al intentar incorporar, según la estimación del PP, 2,4 millones de nuevos votantes mediante la aplicación de la norma —cifra que el partido presenta como argumento político y que no cuenta con verificación oficial independiente.
Como respuesta estructural, Feijóo propuso impulsar una Ley de Nacionalidad que endurezca los requisitos para obtener el pasaporte español: «No se regalan los pasaportes, el pasaporte se tiene que merecer».
Por el momento no existe ningún texto articulado de esa propuesta, y la Ley de Nietos vigente no ha sido derogada.
Es fundamental aclarar que ninguna resolución judicial en curso anula la nacionalidad ya concedida ni revoca los pasaportes emitidos: la suspensión del Supremo restringe exclusivamente el derecho a votar desde el exterior a través del censo de residentes ausentes el 29-N, tal como explicó el Gobierno español al reconocer las dificultades consulares.
Los cubanos nacionalizados que residen en España pueden votar el 29 de noviembre sin ninguna limitación.
El impacto de este conflicto es especialmente relevante para la comunidad cubana: hay 252.290 cubanos residentes en España —la novena comunidad extranjera—, de los cuales el 63% ya posee nacionalidad española, y el Consulado de La Habana recibió más de 107.000 solicitudes de nacionalidad solo durante 2025.
La propuesta de una nueva ley con requisitos más estrictos genera incertidumbre entre quienes tienen trámites en curso, aunque sin texto aprobado ni norma vigente modificada, los procesos activos continúan bajo el marco legal actual.
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