El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció este lunes que será «muy difícil» que los consulados logren verificar a tiempo quiénes de los nacionalizados por la Ley de Nietos son descendientes de exiliados para poder votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, según declaraciones en Telecinco.
La advertencia del ministro llega en un momento de máxima tensión judicial: la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional decidió también este lunes, por unanimidad, elevar al Pleno —los 12 magistrados presididos por Cándido Conde-Pumpido— la decisión sobre si admite o rechaza el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión del voto exterior de unas 163,020 personas nacionalizadas por esta ley.
El Pleno tiene previsto reunirse este martes para pronunciarse, aunque un informe de los letrados del propio tribunal, elaborado a petición del magistrado Enrique Arnaldo y adelantado por El Mundo, considera el recurso «prematuro» porque fue interpuesto mientras aún está abierto el plazo de alegaciones ante el Tribunal Supremo, que vence el 22 de octubre.
Albares explicó que la Dirección General de Asuntos Consulares ya había advertido, a través de la Abogacía General del Estado, que el proceso de verificación tardaría «por lo menos hasta enero» en completarse. Solo los expedientes de quienes obtuvieron la nacionalidad en 2025 y 2026 están ya integrados en el sistema digital DICIREG; el resto debe volcarse manualmente en una herramienta informática conectada con la Oficina del Censo Electoral.
Ante la urgencia, el ministro anuló todos los permisos de los cónsules y envió un telegrama con instrucciones para que actuaran «de manera diligente» y «movilicen todo el personal que necesitan». Aun así, fue categórico: «Nadie está obligado a lo imposible».
Albares aprovechó para denunciar lo que calificó de «campaña de acoso, de insidias, en muchas ocasiones personales, con nombres y apellidos y fotografías de los cónsules de España en el mundo», atribuida al PP y a Vox. «Es realmente algo que yo no voy a tolerar nunca», afirmó, y prometió defender a los funcionarios consulares «siempre» frente a esos ataques.
Para los cubanos que obtuvieron la nacionalidad española por esta vía, la situación tiene una dimensión especialmente concreta. El consulado de España en La Habana es uno de los más saturados del mundo en este proceso: recibió 107,338 solicitudes solo durante 2025, y se estima que más de 350,000 cubanos iniciaron trámites desde que la ley entró en vigor en octubre de 2022.
Es fundamental aclarar qué está en juego: la suspensión decretada por el Supremo no anula la nacionalidad española de los afectados ni revoca sus pasaportes. Lo que se restringe es exclusivamente el derecho a votar el 29-N desde el exterior a través del censo CERA. Los cubanos nacionalizados que residen en España podrán votar sin ninguna limitación.
El recurso del Defensor del Pueblo argumenta que la medida genera una discriminación injustificada: afecta a quienes se acogieron a la Ley de Memoria Democrática y residen fuera de España, pero no a quienes, en idéntica situación legal, viven dentro del país. Gabilondo pide al Constitucional que levante la restricción de forma inmediata mediante medidas cautelares urgentes, aunque su propio mandato expira el 16 de noviembre, antes incluso de que se celebren las elecciones.
Los letrados del TC, sin embargo, sostienen que el amparo «debe considerarse prematuro» porque «se interpuso mientras había aún una puerta abierta para un pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria», lo que contradice el carácter subsidiario que debe tener este tipo de recurso.
Quienes deseen sumarse al procedimiento ante el Supremo como parte codemandada disponen de plazo hasta el 22 de octubre para comparecer con abogado y procurador, según publicó el BOE el 15 de octubre. La decisión del Pleno del Constitucional este martes marcará el siguiente paso en una disputa que, con el 29-N a poco más de cinco semanas, no admite más demoras.
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