La Fiscalía General de Florida anunció este martes una investigación contra posibles prácticas de compañías aseguradoras que podrían dejar a propietarios de viviendas sin indemnización por contratar a un profesional independiente para reclamar daños en sus casas, incluso después de un huracán.
El fiscal general del estado, James Uthmeier, informó que su oficina está examinando cláusulas incluidas en determinadas pólizas que impiden a los asegurados recurrir a ajustadores públicos, especialistas autorizados para representar a los propietarios durante el proceso de reclamación.
La investigación ya incluye una citación formal para obtener documentos de Velocity Risk Underwriters, LLC, una empresa dedicada a la suscripción y gestión de seguros que opera en Florida.
Según el comunicado oficial publicado este 20 de octubre, las autoridades buscan determinar si varias compañías colaboraron para imponer estas restricciones con el propósito de reducir las cantidades pagadas a sus clientes.
La medida podría tener especial importancia para miles de familias del estado, incluidas las residentes en Miami-Dade y Broward, que dependen de sus pólizas para reparar viviendas afectadas por huracanes, inundaciones, incendios y otros siniestros cubiertos.
Aseguradoras podrían rechazar toda la reclamación
El centro de la investigación son las llamadas cláusulas anti-public adjuster, disposiciones contractuales que restringen o prohíben la contratación de ajustadores públicos.
Sin embargo, según la Fiscalía, algunas pólizas establecen que la aseguradora puede rechazar la totalidad de una reclamación cuando el propietario contrata a uno de estos especialistas.
La situación afecta especialmente a determinadas pólizas del mercado de seguros especializados, conocidas como surplus lines, utilizadas para cubrir propiedades que pueden resultar difíciles de asegurar mediante las compañías tradicionales.
Entre ellas se encuentran viviendas cercanas a la costa o con techos antiguos, que suelen enfrentar mayores riesgos y dificultades para conseguir cobertura.
La Fiscalía sostiene que Velocity administra miles de pólizas de este tipo en Florida, relacionadas con millones de dólares en primas.
Propietarios podrían recibir hasta un 30% más con ayuda profesional, según la Fiscalía
Otro de los puntos destacados del anuncio es la diferencia que podría existir entre las compensaciones obtenidas directamente de una aseguradora y aquellas negociadas mediante un ajustador público.
De acuerdo con Uthmeier, los propietarios que utilizan estos servicios pueden recibir hasta un 30% más de dinero en determinadas reclamaciones.
No obstante, el comunicado oficial no aporta un estudio que permita verificar de manera independiente ese porcentaje, ni significa que todos los asegurados obtengan automáticamente una compensación superior.
Los ajustadores públicos, además, cobran honorarios por sus servicios, generalmente calculados como un porcentaje de la indemnización. El Departamento de Servicios Financieros de Florida establece límites a esas tarifas.
Como regla general, los honorarios tienen un límite del 10% para reclamaciones vinculadas con emergencias declaradas durante el primer año, y del 20% en otros casos, aunque existen excepciones legales.
Por eso, las autoridades recomiendan revisar las condiciones de contratación y verificar que el profesional cuente con licencia estatal.
Una empresa que ya había sido demandada por restricciones similares
En octubre de 2025, la Asociación de Ajustadores Públicos de Florida (FAPIA) y la Asociación Nacional de Ajustadores Públicos (NAPIA) presentaron una demanda contra Velocity Risk Underwriters ante un tribunal del condado de Miami-Dade.
Según informó entonces Insurance Journal, las organizaciones denunciaron que determinadas cláusulas utilizadas por la empresa vulneraban los derechos de los asegurados y de los profesionales autorizados para representarlos.
La demanda señalaba que Velocity podía negarse a investigar los daños de una propiedad hasta que el cliente demostrara que había terminado su relación con un ajustador público.
Las asociaciones consideraron que esa condición podía ejercer presión sobre personas que necesitaban reparar urgentemente sus viviendas.
Por su parte, representantes del sector asegurador han sostenido que algunos ajustadores públicos pueden exagerar los costos de reparación, lo que incrementaría las cantidades reclamadas.
La nueva investigación estatal busca establecer si existieron acuerdos entre compañías para limitar la contratación de ajustadores públicos y, en consecuencia, reducir los pagos a los propietarios.
La citación emitida por la Fiscalía exige a Velocity entregar registros de sus relaciones con asociaciones comerciales, comunicaciones con otras aseguradoras y posibles acuerdos relacionados con esas prohibiciones.
El anuncio se produce pocos días después del paso del huracán Isaías por el noroeste de Florida, donde numerosas viviendas sufrieron daños y sus propietarios comenzaron a gestionar reclamaciones ante las aseguradoras.
El pasado 11 de octubre, Florida abrió un centro de asistencia para reclamaciones de seguros en Destin, con el propósito de orientar a las personas afectadas por el ciclón.
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