El Departamento de Estado de EE.UU. lanzó este miércoles una ofensiva diplomática directa contra la resolución anual que Cuba presenta ante la Asamblea General de la ONU, y advirtió que respaldarla equivale a avalar la explotación de trabajadores cubanos y los privilegios de la nomenclatura del régimen.
Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró en su cuenta oficial en X que «votar a favor de la resolución del régimen cubano supone apoyar la trata de personas patrocinada por el Estado, la corrupción y los lujosos estilos de vida de la élite de la dictadura».
Junto al mensaje, Segura difundió una infografía oficial del Departamento de Estado titulada «Lo que el régimen cubano no quiere que usted sepa», diseñada expresamente para contrarrestar la resolución cubana antes de la votación prevista para el 27 y 28 de octubre.
El documento articula tres acusaciones centrales contra La Habana.
La primera apunta al sistema de misiones en el exterior: el régimen «se embolsa hasta el 95 % de los salarios en el extranjero de los trabajadores cubanos, especialmente de los profesionales sanitarios, para financiar su maquinaria represiva y sus fuerzas de seguridad».
La segunda califica directamente esas misiones de explotación: «Los trabajadores cubanos se ven sometidos, en esencia, a trabajos forzados cuando se incorporan a las brigadas controladas por el régimen en el extranjero».
El documento añade que los profesionales sanitarios son enviados al exterior con formación insuficiente para realizar intervenciones sin la preparación adecuada.
La tercera acusación vincula al régimen con el conflicto en Ucrania: «Miles de ciudadanos cubanos han sido enviados a luchar junto a las fuerzas rusas en Ucrania, muchos de ellos enviados directamente por La Habana o en condiciones de trabajo forzado, actuando como saboteadores incluso dentro del territorio de la OTAN y la UE».
El mensaje de Segura se enmarca en una intensa semana diplomática en Nueva York. El lunes, la misión estadounidense ante la ONU organizó el foro «Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta», con la participación del embajador Mike Waltz, el opositor José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros.
Ese día, diplomáticos cubanos montaron un acto de repudio en los pasillos de la ONU contra los participantes del foro, gritando «terroristas», «mentirosos» y «fuera de la ONU», mientras los filmaban. El representante permanente de Cuba, Ernesto Soberón Guzmán, había intentado impedir la celebración del evento, calificándolo de «maniobra de motivación política».
El embajador Waltz también denunció los privilegios de la élite cubana, como el suministro eléctrico garantizado para el complejo residencial de la familia Castro, un avión privado y una isla privada con 20 viviendas y una laguna con delfines.
Ucrania, por su parte, denunció ante Naciones Unidas que más de 1,000 cubanos habrían firmado contratos con las Fuerzas Armadas rusas entre 2023 y 2025, mientras que Amnistía Internacional documentó testimonios de cubanos atraídos mediante falsas ofertas de empleo y enviados al frente.
La resolución, que el gobierno cubano presenta desde 1992 bajo el título «Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», ha perdido respaldo de forma sostenida: obtuvo 187 votos a favor en 2024 y cayó a 165 en 2025, con siete votos en contra y 12 abstenciones.
Una coalición internacional de más de 1,000 organizaciones democráticas cubanas pidió el 14 de octubre a los gobiernos democráticos rechazar o abstenerse en la votación de este año.
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