Amnistía Internacional concluyó que Rusia ha reclutado a miles de extranjeros para combatir en Ucrania mediante prácticas que, en numerosos casos, pueden constituir trata de personas.
La investigación incluye testimonios directos de ciudadanos cubanos que terminaron en las Fuerzas Armadas rusas.
El informe, publicado en septiembre bajo el título Russia: Trafficking of Foreign Nationals to Fight in Ukraine, se basa, entre otras fuentes, en seis visitas realizadas entre 2024 y 2026 a dos campos de prisioneros de guerra en Ucrania.
Amnistía entrevistó allí a 15 extranjeros procedentes de Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Sierra Leona, Sri Lanka, Somalia y Sudáfrica. Solo tres afirmaron haber firmado conscientemente un contrato militar sabiendo que serían enviados a una zona de guerra. Siete dijeron que les habían prometido empleos civiles y otros describieron circunstancias que cuestionan el carácter voluntario de su incorporación.
El documento cita además datos oficiales ucranianos según los cuales, hasta abril de 2026, habían sido identificados 28.391 extranjeros de 136 países que participaron en las hostilidades como integrantes de las Fuerzas Armadas rusas. Amnistía aclara que no pudo verificar independientemente esa cifra.
Dos cubanos en el informe de Amnistía
Uno de los testimonios corresponde a «Ruben», nombre ficticio utilizado para proteger su identidad.
El cubano contó que llegó a Moscú con su esposa en 2021 y trabajó en la construcción hasta que fue detenido por posesión de drogas y condenado a seis años de prisión.
En 2025, mientras cumplía condena y ante la perspectiva de ser deportado a Cuba al salir de prisión, recibió junto a otros extranjeros una oferta para incorporarse al Ejército ruso.
Según su relato, le prometieron un pasaporte ruso, una prima de 800.000 rublos —unos 10.000 dólares— y un salario mensual de 400.000 rublos, alrededor de 5.000 dólares.
«Firmé el contrato porque no quería ser deportado de vuelta a Cuba», declaró a Amnistía.
Otros tres presos cubanos aceptaron la misma propuesta. Ruben esperaba obtener la ciudadanía rusa, ayudar posteriormente a su esposa a conseguirla y llevar a Rusia a sus hijos, que permanecían en Cuba.
Amnistía destaca hasta qué punto le preocupaba regresar a la Isla: «ir a la guerra» le había parecido una opción mejor. Tras ser enviado al frente a finales de 2025, resultó herido y hospitalizado dos veces antes de caer prisionero en enero de 2026.
El segundo caso es el de «Enrique», otro cubano que sí sabía que estaba firmando un contrato con las Fuerzas Armadas rusas, pero asegura que fue engañado sobre las tareas que realizaría.
Había viajado a Rusia para trabajar en la construcción y quería establecerse en el país. Un compañero le propuso incorporarse al Ejército para obtener posteriormente la ciudadanía rusa.
Después de firmar el contrato y recibir unos 20 días de entrenamiento, fue trasladado hacia la zona de combate. Según relató, el vehículo en el que viajaba fue atacado por drones prácticamente al llegar.
«Me dijeron que estaría en una función de apoyo, no que iría al frente», explicó.
Engaños, pasaportes retenidos y envío rápido al frente
Los casos cubanos forman parte de un patrón más amplio documentado por Amnistía: ofertas falsas de empleos civiles, contratos redactados en ruso que los extranjeros no comprendían, promesas de elevados salarios y ciudadanía, confiscación de pasaportes y teléfonos, restricciones de movimiento y amenazas contra quienes intentaban abandonar el servicio.
Los períodos de entrenamiento eran con frecuencia de apenas dos semanas, incluso para personas sin experiencia militar y con graves dificultades para comunicarse en ruso.
Amnistía considera que el fraude, la coerción y el abuso de la vulnerabilidad económica, migratoria o jurídica de los reclutas pueden satisfacer los requisitos internacionales para considerar estos casos trata de personas. La organización advierte incluso que algunas formas de control y restricción descritas deberían investigarse por posibles indicadores de esclavitud.
El informe responsabiliza fundamentalmente a Rusia. Sostiene que organismos oficiales, incluidos el Ministerio de Defensa y la Dirección de Migración del Ministerio del Interior, podrían estar directamente implicados en algunas de estas prácticas.
No obstante, Amnistía no establece en esta investigación que el régimen cubano participe en las redes de reclutamiento.
Las sospechas sobre el papel de La Habana
Ese último aspecto ha sido abordado por otras investigaciones. Desde 2023 han aparecido numerosos testimonios de cubanos reclutados para las fuerzas rusas, mientras La Habana sostiene oficialmente que Cuba no forma parte de la guerra y niega cualquier participación estatal.
Una investigación de CiberCuba realizada a partir de una base de datos ucraniana de 1.028 ciudadanos cubanos encontró patrones de incorporación a las fuerzas rusas, contratos, rutas de viaje e incentivos económicos y migratorios.
El análisis detectó además una correlación temporal entre períodos de intenso reclutamiento, el incremento de las conexiones aéreas entre Cuba y Rusia y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos.
Esos elementos no prueban por sí solos una operación dirigida desde La Habana, pero han alimentado las dudas sobre cómo una captación de semejante escala pudo desarrollarse sin conocimiento, tolerancia o complicidad de las autoridades cubanas.
El régimen anunció en septiembre de 2023 la detención de 17 personas vinculadas a una supuesta red de tráfico de personas para la guerra, pero posteriormente ha ofrecido escasa información pública sobre los resultados judiciales de aquella investigación.
Las acusaciones escalaron posteriormente al terreno internacional. Estados Unidos incluyó el reclutamiento de cubanos para Rusia en su Informe sobre Trata de Personas y sostuvo que funcionarios cubanos habían facilitado ese proceso, acusación rechazada por La Habana.
Washington también llevó el asunto a Naciones Unidas durante la discusión sobre el embargo a Cuba, utilizándolo entre sus argumentos para cuestionar la actuación internacional del régimen cubano y pedir a otros gobiernos que no respaldaran la resolución promovida por La Habana.
Desde la sociedad civil cubana también se han presentado denuncias. Organizaciones y activistas han reclamado investigaciones internacionales y planteado ante interlocutores europeos las posibles responsabilidades de Cuba en el reclutamiento de ciudadanos para las fuerzas de uno de los principales aliados militares y políticos del régimen.
No todos pueden ser considerados simplemente «mercenarios»
El informe de Amnistía introduce ahora un elemento clave en ese debate: haber terminado combatiendo para Rusia no significa necesariamente que todos los extranjeros llegaran voluntariamente a la guerra.
La organización pide que quienes hayan sido reclutados mediante engaño, coerción o abuso de vulnerabilidad sean identificados como posibles víctimas de trata.
También recomienda a Ucrania evaluar individualmente a los prisioneros extranjeros que se encuentren en esa situación y estudiar, cuando corresponda legalmente, vías para su liberación y retorno voluntario.
Para el caso cubano, el informe aporta así una nueva evidencia independiente a un expediente abierto desde hace más de tres años. Amnistía no responsabiliza a La Habana de organizar el reclutamiento, pero confirma mediante testimonios propios que ciudadanos cubanos terminaron en el frente dentro de un sistema ruso que presenta características de trata de personas.
La investigación vuelve a dejar abierta una pregunta que el régimen cubano no ha esclarecido: cómo una operación capaz de incorporar a numerosos ciudadanos de la Isla al Ejército de uno de sus principales aliados pudo mantenerse durante años sin ser detectada o detenida eficazmente por las autoridades cubanas.
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