El Gobierno de España triplicó el anticipo máximo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos (FGPA), que pasa de 100 a 300 euros mensuales por beneficiario, tras la aprobación del Real Decreto-ley 31/2026 en el Consejo de Ministros del 20 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado este miércoles.
El fondo, creado en 2007 con una dotación inicial de diez millones de euros, no había actualizado sus límites en casi dos décadas.
La reforma introduce además un cambio estructural en el plazo de cobertura: se elimina el tope de 18 meses que regía hasta ahora, de modo que el anticipo podrá mantenerse mientras la obligación alimenticia siga vigente e impagada, hasta que el menor cumpla 18 años o la obligación se extinga por otra causa legal.
Los anticipos ya concedidos y vigentes se revisarán de oficio, sin necesidad de presentar una nueva solicitud. La nueva cuantía máxima se aplicará a partir del 1 de noviembre de 2026 y también se tendrá en cuenta para resolver las solicitudes pendientes.
El umbral de ingresos de la unidad familiar también se actualiza y queda vinculado al salario mínimo interprofesional: 1,75 veces ese salario con un hijo computable, dos veces con dos hijos, y 2,25 veces con tres, incrementándose de forma progresiva.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó la medida como parte de un paquete de reformas sociales orientado a «reforzar la protección de las familias».
El mecanismo no cancela la deuda del progenitor que incumple: el Estado anticipa las cantidades al progenitor custodio y puede reclamarlas posteriormente al deudor.
El fondo cubre situaciones derivadas de divorcios, separaciones, nulidad matrimonial y procesos de filiación o alimentos en los que exista una resolución judicial española que fije la pensión y se acredite el impago.
La reforma tiene relevancia directa para las familias cubanas residentes en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por CiberCuba en octubre de 2026, un total de 252.290 personas de origen cubano residían en España en 2025, lo que sitúa a Cuba en el noveno puesto entre los países de nacimiento de la población residente en España, con Madrid, Cataluña y Canarias como principales focos de concentración.
Los menores cubanos —nacionales de un Estado no miembro de la Unión Europea— quedarían incluidos en el ámbito de aplicación del fondo siempre que cumplan los requisitos legales, entre ellos acreditar residencia legal en España durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud y que los ingresos de la unidad familiar no superen los límites establecidos. No obstante, si quien ejerce la guarda y custodia tiene nacionalidad española, no se exige un periodo previo de residencia al menor, aunque este debe residir legalmente en España. Para los menores de dos años, el requisito temporal se aplica a quien ejerce su guarda y custodia.
La norma también reduce el periodo de residencia exigido para determinados menores extranjeros no comunitarios e incorpora a algunos menores convivientes cuya filiación respecto del otro progenitor no está determinada.
Al tratarse de un real decreto-ley, la Diputación Permanente del Congreso deberá convalidarlo en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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