
La congresista republicana María Elvira Salazar (Florida-27) envió una carta formal al Representante Comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, urgiéndole a exigir que México disuelva el programa de médicos cubanos que opera en ese país, al que califica como un esquema de trabajo forzado que viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA).
La misiva, fechada el 22 de octubre y difundida públicamente este viernes, señala que más de 3,000 médicos cubanos trabajan en México bajo condiciones que el propio Departamento de Estado estadounidense ha clasificado como trata de personas y esclavitud moderna.
«México está rompiendo las reglas y ayudando a La Habana a lucrarse con el trabajo forzado», escribió Salazar al publicar la carta. «El T-MEC no es opcional. México no puede beneficiarse del libre comercio con Estados Unidos mientras permite que la dictadura cubana explote a sus médicos».
En la carta, la congresista detalla las condiciones que padecen estos profesionales: separación de sus familias, restricciones de viaje y retención de la mayor parte de sus salarios por parte del régimen cubano. En algunos casos, los médicos reciben apenas el 5% de lo que México paga por sus servicios, quedando el resto en manos de La Habana.
Salazar invoca el Informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado, publicado en septiembre de 2025, que ubicó a Cuba en el Nivel 3 —la categoría más grave— junto a Corea del Norte y Afganistán, y describió las misiones médicas cubanas como una forma de tráfico humano.
La legisladora también recuerda que advirtió personalmente al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre las consecuencias del programa durante una visita del Congreso a Ciudad de México hace aproximadamente dos años, sin obtener respuesta. «Les avisaron que habría consecuencias», escribió en la carta.
El programa de médicos cubanos en México arrancó en 2020 bajo el gobierno de López Obrador y fue ampliado por la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta alcanzar unos 3,800 profesionales de 29 especialidades distribuidos en 23 estados a través del sistema IMSS-Bienestar.
Sheinbaum ha defendido el esquema argumentando que los médicos cubanos cubren zonas remotas donde escasean especialistas mexicanos. En marzo de 2026, la Embajada de México en Estados Unidos rechazó las acusaciones y afirmó que los convenios respetan los derechos laborales de los profesionales.
El Capítulo 23 del USMCA establece que los países signatarios «prohibirán la importación de bienes» producidos con trabajo forzado y «reconocen el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo coercitivo o compulsorio». Salazar argumenta que el programa mexicano infringe directamente esas disposiciones.
Como alternativa, la congresista propone que México siga el ejemplo de Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro optó por pagar directamente a los médicos cubanos, lo que llevó al régimen a retirar a sus profesionales del país en 2018.
«El gobierno mexicano puede hacer lo que hizo Bolsonaro en Brasil: simplemente pagarles directamente a los médicos y liberarlos de su servidumbre a manos del régimen cubano», señala la carta.
Esta acción se enmarca en una campaña legislativa que Salazar lleva años impulsando junto a otros congresistas cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. En julio de 2026, ese grupo ya había pedido sanciones contra la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), la empresa estatal que administra las misiones.
La carta a Greer representa una escalada al vincular el asunto directamente con la revisión del USMCA que la Oficina del Representante Comercial abrió a comentarios públicos a comienzos de octubre, de cara al proceso formal previsto para 2027.
«Haga lo que ninguna otra administración presidencial estadounidense ha hecho e informe a las autoridades mexicanas que su uso de trabajo forzado cubano viola el USMCA, y solicite que el gobierno mexicano disuelva el programa y libere a estos médicos», concluye Salazar en su carta a Greer.
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