El Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos publicó el martes una sentencia que restringe la capacidad de ICE para reiniciar indefinidamente el reloj de detención migratoria cada vez que vuelve a arrestar a una persona con orden final de deportación, un precedente con implicaciones directas para cubanos que viven bajo supervisión porque su expulsión no puede ejecutarse.
El fallo, dictado en el caso Abedi v. Carter, n.º 25-3179, establece que la presunción de razonabilidad de seis meses fijada por la Corte Suprema en Zadvydas v. Davis (2001) «aplica únicamente a los primeros seis meses que transcurren tras activarse el período de expulsión».
En otras palabras, el Gobierno no puede usar ciclos sucesivos de liberación y redetención para obtener nuevos períodos presuntamente válidos de custodia.
La opinión mayoritaria, redactada por la jueza McHugh con la concurrencia del juez Phillips, ordena además que cualquier detención fuera de ese período inicial exige un análisis individual que justifique la necesidad razonable de mantener a la persona privada de libertad para ejecutar una expulsión previsiblemente realizable.
El caso surgió a partir de la situación de Kaveh Abedi, ciudadano iraní que llegó a Estados Unidos en 1991, obtuvo asilo y en 2002 recibió un aplazamiento de deportación bajo la Convención Contra la Tortura.
Durante más de veinte años cumplió sin falta todas las condiciones de su orden de supervisión. En junio de 2025, agentes de ICE lo detuvieron en el jardín de su domicilio en Kansas —adonde se había mudado con autorización de la propia agencia— sin alegar incumplimiento alguno de sus obligaciones.
La notificación de revocación indicó que su libertad quedaba suspendida porque «la expulsión a un país distinto de Irán es ahora una posibilidad».
El Gobierno prometió además una entrevista informal pronta para que Abedi pudiera responder a los motivos de la revocación, exigencia establecida en el reglamento 8 C.F.R. § 241.13(i)(3), pero admitió no haberla realizado en más de seis meses.
El tribunal declaró esa omisión perjudicial por sí misma, sin necesidad de que Abedi acreditara un daño adicional: cuando una agencia incumple una regulación que protege garantías de debido proceso, la infracción invalida la acción independientemente de si causó un perjuicio concreto demostrable.
El juez Eid emitió un voto particular disidente. A su juicio, el caso había perdido objeto tras la liberación de Abedi en febrero de 2026 —obtenida mediante una segunda petición de habeas corpus— y la excepción aplicada por la mayoría debería reservarse solo para «situaciones excepcionales».
El fallo no cancela órdenes de deportación, no otorga residencia ni ningún beneficio migratorio nuevo, y no prohíbe toda redetención. Lo que impide es que el Gobierno reinicie automáticamente el período de seis meses con cada nuevo arresto.
Para los cubanos bajo supervisión migratoria, la relevancia es indirecta pero concreta: Cuba rechaza sistemáticamente recibir a sus nacionales deportados, lo que genera detenciones prolongadas de personas con órdenes finales de expulsión.
En los últimos meses, ICE redetuvo a varios cubanos liberados por orden judicial sin alegar incumplimiento de condiciones, el mismo patrón que el Décimo Circuito cita en Abedi como evidencia de que el problema puede repetirse.
El alcance geográfico del fallo es un dato crítico: el Décimo Circuito cubre Colorado, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming, además de partes del Parque Nacional de Yellowstone en Montana e Idaho. Florida, donde se concentra la mayor comunidad cubana del país, pertenece al Undécimo Circuito y no está vinculada por este precedente.
El martes, ese mismo día, una jueza en Florida ordenó a ICE revisar en 30 días la detención de un cubano cuya deportación tampoco es previsible, en un litigio independiente.
El fallo aplica exclusivamente a personas bajo custodia posterior a una orden final conforme al 8 U.S.C. § 1231, y no a quienes están detenidos durante procedimientos migratorios activos bajo otros estatutos.
Cada situación requiere valoración individual por un abogado acreditado en inmigración.
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