La Empresa Provincial de Alimentos de Bayamo comenzó a distribuir módulos alimentarios para personas en situación de vulnerabilidad, con una asignación de arroz, chícharos y azúcar que cubre dos meses, de acuerdo con un reporte el jueves de la emisora Radio Bayamo.
Cada beneficiario recibirá 10 libras de arroz, dos libras de chícharos y dos libras de azúcar, explicó Xiomara Lorenzo Ramírez, directora de la UEB 660 Mercado Paralelo, perteneciente a la Empresa Municipal de Alimentos.
La entrega comenzó el miércoles en la zona de San Juan El Cristo, conocida como La Doce, y se extendió este viernes al barrio de El Horno, que también atiende a beneficiarios de El Almirante.
Las unidades de comercio utilizan los listados elaborados por la Oficina de Control para la Distribución de los Abastecimientos (Oficoda), preparan las ofertas, cobran los productos y los entregan directamente a sus destinatarios.
Las autoridades locales anunciaron que el programa se extenderá gradualmente a los municipios y consejos populares de Granma. La distribución forma parte del modelo de protección social focalizada aprobado por la Asamblea Nacional en junio, dentro del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que reemplazó los subsidios universales por ayudas dirigidas a personas clasificadas como vulnerables.
A comienzos de octubre, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció que más de 883,000 personas recibirían mensualmente cinco libras de arroz, una de azúcar y una de granos hasta enero de 2027. El funcionario atribuyó la selección de los beneficiarios a un "trabajo minucioso a nivel de comunidad, puerta a puerta".
El módulo de Bayamo contiene el doble de esas cantidades porque cubre dos meses de asignación, no porque represente un aumento de la ración mensual. La diferencia es relevante en un país donde el acceso a los alimentos depende cada vez más de ayudas estatales limitadas y de la capacidad de los hogares para adquirir productos a precios de mercado.
A escala nacional, el Gobierno seleccionó 1,913 bodegas para distribuir los módulos, alrededor de 16 % de una red que supera los 12,000 establecimientos. La cobertura se concentra así en una parte de la infraestructura comercial estatal y en las personas incluidas en los registros oficiales.
Las cifras divulgadas por las autoridades reflejan un aumento sostenido de la población considerada vulnerable. El número pasó de 310,000 personas en julio de 2025 a las más de 883,000 reconocidas oficialmente en estos momentos.
En Santiago de Cuba, las autoridades reconocieron que unas 101,359 personas, más de 10 % de la población provincial, se encuentran en esa situación. En Holguín, la proporción alcanza asimismo a uno de cada 10 habitantes.
El sistema también ha suscitado cuestionamientos por los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios. En Santiago de Cuba se reportaron casos de personas excluidas de los listados porque tienen familiares residentes en el extranjero, una condición que, según la información disponible, no figura en ninguna normativa publicada en la Gaceta Oficial.
El economista Pedro Monreal advirtió que extender la cobertura a todas las personas reconocidas oficialmente como vulnerables exigiría multiplicar por 4,5 el gasto actual en protección social, hasta unos 24,300 millones de pesos, una cantidad que el Gobierno no tiene capacidad de financiar.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó, a partir de más de 1,300 entrevistas en 79 municipios, que 94 % de la población cubana vive en pobreza extrema.
Ese dato contrasta con el alcance restringido de los módulos y con los 3,210 pesos y 4,000 pesos mensuales que reportan un salario y una pensión mínima, respectivamente, equivalentes a menos de cinco dólares al cambio informal.
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