El presidente Donald Trump no ha logrado alcanzar su objetivo de deportar a un millón de inmigrantes al año, pese al endurecimiento de las operaciones migratorias, el incremento de las detenciones dentro de Estados Unidos y los miles de millones de dólares destinados a reforzar el control migratorio durante su segundo mandato.
Un informe del Migration Policy Institute (MPI), elaborado por el investigador Marc Rosenblum y divulgado en octubre de 2026, estima que la administración estadounidense llevaba un ritmo equivalente a 660,000 deportaciones durante el año fiscal 2026, aproximadamente un 34% por debajo de la meta anual de un millón establecida por la Casa Blanca.
La investigación analiza información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenida mediante solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Según el estudio, entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026 se registraron aproximadamente 980,000 deportaciones, una cantidad elevada en comparación con los años recientes, pero insuficiente para alcanzar el ritmo prometido por el presidente.
Los investigadores calcularon que las deportaciones aumentaron desde un ritmo anualizado de 620,000 durante el primer año de la actual administración hasta aproximadamente 660,000 en el año fiscal 2026.
Esto representa un incremento del 26% frente al promedio anual registrado durante el Gobierno de Joe Biden, entre los años fiscales 2021 y 2024.
Sin embargo, el aumento tampoco constituye un récord histórico. El informe recuerda que en el año fiscal 2000, durante la presidencia de Bill Clinton, Estados Unidos registró aproximadamente 1,86 millones de deportaciones, una cifra muy superior a las estimaciones actuales.
Para estas comparaciones, el MPI utiliza una definición amplia de deportaciones que incluye tanto expulsiones formales como determinados retornos, por lo que sus cifras no deben confundirse exclusivamente con las órdenes de deportación ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El incumplimiento de la meta anual resulta especialmente significativo porque Trump ha convertido las deportaciones masivas en uno de los ejes centrales de su política migratoria, con un aumento de las operaciones de ICE y de los recursos federales destinados a localizar, detener y expulsar a inmigrantes sin autorización para permanecer en el país.
Una de las conclusiones más importantes del estudio es que, pese al incremento de los arrestos en ciudades y comunidades estadounidenses, la mayoría de las personas deportadas había sido interceptada inicialmente en la frontera.
En concreto, el 69% de las 980,000 deportaciones registradas durante el período analizado correspondió a inmigrantes detenidos inicialmente en la frontera, principalmente por las autoridades encargadas de controlar el ingreso al territorio estadounidense.
La proporción de deportaciones vinculadas con detenciones dentro del país, sin embargo, ha crecido considerablemente.
Según Marc Rosenblum, investigador principal visitante del MPI, el porcentaje de deportaciones originadas en arrestos realizados dentro de Estados Unidos pasó del 28% en 2025 al 39% en julio de 2026.
El ritmo mensual de estas expulsiones también aumentó. Durante los primeros tres meses del segundo mandato de Trump se registraba un promedio de 8,000 deportaciones mensuales derivadas de detenciones en el interior del país, frente a aproximadamente 19,000 mensuales entre mayo y julio de 2026.
Estas cifras muestran que el Gobierno ha ampliado sus operaciones contra inmigrantes que ya se encontraban establecidos en Estados Unidos, aunque ese incremento todavía no resulta suficiente para alcanzar el objetivo anual anunciado.
La investigación también revela que una parte considerable de los afectados llevaba años viviendo en territorio estadounidense.
Entre las deportaciones realizadas por ICE, excluyendo los retornos inmediatos en la frontera, aproximadamente 390,000 correspondieron a personas que habían residido al menos dos años en Estados Unidos, mientras que unas 90,000 llevaban una década o más en el país.
La situación de estos inmigrantes presenta dificultades adicionales para las autoridades migratorias, porque muchos tienen vínculos familiares, laborales y comunitarios establecidos, así como procedimientos judiciales o administrativos que pueden influir en sus casos.
El informe identifica además obstáculos relacionados con el funcionamiento del sistema de inmigración estadounidense.
La acumulación de expedientes en los tribunales migratorios y la diversidad de nacionalidades de los inmigrantes complican la ejecución de algunas expulsiones, especialmente cuando se requieren documentos de viaje o acuerdos de recepción con otros gobiernos.
Otro elemento que dificulta evaluar los resultados es la disponibilidad de información oficial.
El DHS dejó de publicar informes mensuales detallados que permiten comparar las detenciones y deportaciones realizadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde enero de 2025, según el MPI.
Como consecuencia, los investigadores han tenido que recurrir a solicitudes de información pública, bases de datos obtenidas por organizaciones independientes y registros administrativos para reconstruir las cifras.
El Gobierno estadounidense ha divulgado balances superiores a los identificados por los investigadores, pero las diferencias no han podido resolverse completamente con la información pública disponible.
La investigación distingue, además, entre las deportaciones ejecutadas por las autoridades y las denominadas «autodeportaciones», término utilizado por la administración para referirse a inmigrantes que abandonan Estados Unidos por iniciativa propia, en algunos casos después de recibir incentivos o ante la posibilidad de ser detenidos.
El MPI estima que entre 790,000 y 1,9 millones de inmigrantes que llevaban al menos un año viviendo en Estados Unidos salieron del país durante el período estudiado, tomando en cuenta tanto deportaciones como salidas por cuenta propia.
Si se incluyen también los retornos inmediatos en la frontera y las salidas de inmigrantes con menos de un año de permanencia, el rango estimado aumenta a entre 1,3 millones y 2,4 millones de personas.
Estas cifras tampoco equivalen exclusivamente a autodeportaciones, pues incluyen distintas categorías de salida. Los investigadores advierten que no existe un registro completo de todas las personas que abandonan Estados Unidos por vía terrestre, lo que impide establecer una cantidad definitiva.
La administración Trump ha sostenido que más de tres millones de inmigrantes sin autorización han abandonado el país desde enero de 2025, entre deportaciones y salidas voluntarias.
Sin embargo, el MPI considera muy improbable que esa cifra corresponda a tres millones de inmigrantes indocumentados, debido a las limitaciones de los registros disponibles y a que algunos programas de salida pueden incluir personas con estatus migratorio legal e incluso ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca ha defendido los resultados de su política migratoria. En declaraciones recogidas por The Associated Press, su portavoz Lauren Bis afirmó que Trump había conseguido la mayor reducción de la inmigración irregular en la historia moderna del país.
El análisis también examina el historial penal de las personas deportadas. De acuerdo con los datos utilizados por el MPI, aproximadamente el 20% de las 980,000 deportaciones correspondió a personas con condenas penales, mientras que el resto no tenía condenas registradas en las categorías examinadas.
Este aspecto fue abordado previamente en una información publicada el 22 de octubre sobre el mismo estudio, que detalló cómo ocho de cada diez personas deportadas durante los primeros 18 meses del segundo mandato no tenían condenas penales registradas.
En el caso de los cubanos, la política de deportaciones también ha tenido consecuencias directas. Una estimación difundida a principios de octubre situó en aproximadamente 8,500 las deportaciones de ciudadanos cubanos durante el segundo mandato de Trump hasta el 5 de agosto de 2026, aunque todavía no existe un balance oficial consolidado y actualizado que permita establecer la cifra exacta.
El estudio del MPI no ofrece un desglose específico de cubanos dentro de sus resultados principales, por lo que ese cálculo procede de una fuente independiente y no debe confundirse con las 980,000 deportaciones nacionales analizadas.
El investigador Marc Rosenblum, quien anteriormente dirigió la oficina responsable de las estadísticas migratorias del propio DHS, señaló que la publicación de datos resulta especialmente necesaria en un período en el que se han destinado recursos extraordinarios a las operaciones de detención y deportación.
La directora del Programa de Política Migratoria Estadounidense del MPI, Doris Meissner, destacó que el análisis permite comprender mejor la evolución de las medidas migratorias en un momento de fuerte inversión pública y atención política sobre las deportaciones.
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