La controversia judicial sobre la Ley de Nietos en España se amplía a un nuevo grupo de nacionalizados: los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la ciudadanía española mediante esta legislación, entre ellos descendientes de españoles residentes en Cuba.
El partido Iustitia Europa anunció este martes, mediante un comunicado oficial, que ha pedido al Tribunal Supremo extender las restricciones electorales a quienes consiguieron la nacionalidad mediante el Anexo III de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.
La petición no significa que el Supremo haya aprobado una nueva suspensión. Por ahora, el tribunal debe examinar la solicitud y decidir si adopta las medidas propuestas.
El Anexo III permitió obtener la nacionalidad española a los hijos mayores de edad de personas que previamente adquirieron la ciudadanía mediante determinados supuestos de esta legislación.
Según los datos citados por Iustitia Europa, hasta el 31 de julio de 2026 se habían registrado 189,678 inscripciones por esta vía. A finales de agosto, la cifra había aumentado a 195,872, mientras otras 134,405 solicitudes estaban aprobadas, pero pendientes de inscripción.
Estas cantidades no representan necesariamente el número de personas que podrán votar el próximo 29 de noviembre, pues para hacerlo desde el extranjero deben figurar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La formación propone que los votos de los electores afectados sean recibidos, pero permanezcan separados y sin contabilizarse hasta que las autoridades comprueben la situación de cada persona.
Según informó La Sexta, el partido también plantea una alternativa: que se identifique únicamente a los hijos cuyos padres están incluidos en las restricciones anteriores y se suspenda temporalmente el voto de ese grupo.
La diferencia es importante. La primera propuesta podría alcanzar a todos los electores del Anexo III inscritos en el CERA, mientras que la segunda se limitaría a quienes tengan padres afectados por las medidas judiciales anteriores.
La asociación Hazte Oír también ha solicitado al Supremo que examine la situación de este colectivo y que las autoridades electorales faciliten los datos necesarios para identificarlo.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, criticó la incertidumbre sobre el censo electoral a pocas semanas de las elecciones generales.
«A menos de un mes de las elecciones, seguimos sin saber con certeza con qué censo vamos a votar. Es inadmisible y extremadamente grave», declaró.
Para los cubanos que obtuvieron la nacionalidad española por el Anexo III, la nueva solicitud abre interrogantes sobre su participación electoral.
Cuba figura entre los países con mayor demanda de nacionalizaciones mediante la Ley de Nietos.
El Consulado General de España en La Habana recibió más de 107,000 solicitudes durante 2025 y se estima que más de 350,000 cubanos iniciaron trámites desde octubre de 2022.
Sin embargo, no existe un desglose verificado que permita establecer cuántos cubanos forman parte de las 189,678 inscripciones del Anexo III ni cuántos podrían quedar afectados por una nueva decisión judicial.
La controversia se originó por una instrucción administrativa de 2022 que facilitó determinadas solicitudes de nacionalidad al establecer criterios para reconocer la condición de exiliados de españoles que abandonaron su país entre 1936 y 1955.
Organizaciones como Iustitia Europa cuestionaron esa interpretación por considerar que podía ampliar los supuestos previstos en la ley.
Como resultado del litigio, el Tribunal Supremo adoptó medidas cautelares sobre los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones y mantuvo esas restricciones el pasado 12 de octubre.
La suspensión anterior afecta potencialmente a 163,020 nacionalizados, cuyos expedientes deben revisarse para determinar si cumplen los requisitos legales correspondientes.
El pasado fin de semana, el Gobierno español ordenó abrir los consulados para acelerar la elaboración de la lista de los 163,020 ciudadanos afectados, que debe entregarse al Tribunal Supremo antes del miércoles 28 de octubre, a las 3:00 p.m.
El incumplimiento del plazo podría provocar multas de 1,000 euros contra los responsables ministeriales, reiterables hasta que se entregue la documentación.
Hasta el 21 de octubre, los consulados habían revisado 31,390 expedientes y emitido solamente 91 certificados que acreditaban la condición de exiliado.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció las dificultades para completar las comprobaciones antes de las elecciones del 29 de noviembre.
La nueva petición añade otra tarea: identificar a los beneficiarios del Anexo III y comprobar si sus padres están incluidos en la suspensión anterior.
Es importante aclarar que estas medidas afectan al voto, no significan que los nacionalizados hayan perdido su ciudadanía española.
La controversia ha generado inquietud entre cubanos que temen consecuencias sobre sus pasaportes y nacionalidades.
El pasado 13 de octubre, la especialista en extranjería Estela Marina Pérez Cabrera explicó las preocupaciones de numerosos cubanos ante el litigio.
«A la gente lo que le preocupa es que se anule la nacionalidad», señaló la presidenta de la Asociación de Descendientes de Españoles por el Mundo (ADEM).
Sin embargo, la suspensión del derecho a votar en estas elecciones y la posible anulación de una nacionalidad son cuestiones legales diferentes.
Las medidas cautelares conocidas se refieren a la participación electoral y no ordenan retirar de manera general las nacionalidades o los pasaportes españoles.
Por ahora, los cubanos nacionalizados mediante el Anexo III deberán estar atentos a la decisión del Tribunal Supremo, que determinará si la nueva solicitud afecta a su derecho a votar en las elecciones del 29 de noviembre.
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