
Magalys Roque lleva dos años combatiendo el cáncer y un mes esperando por un salón de operaciones en el Hospital Abel Santamaría de Pinar del Río para que le realicen una cistoscopia. Su sobrina Sulexi Romeu denunció públicamente este martes la situación, exigiendo una solución inmediata a las autoridades sanitarias cubanas.
Según el testimonio de Romeu, su tía presenta desde hace aproximadamente dos meses sangrado por la orina con expulsión de grandes coágulos que obstruyen de forma constante su sonda vesical. El procedimiento indicado por los médicos no puede realizarse porque, según informó la propia familia, el hospital no cuenta con las condiciones de salón necesarias.
«Desde hace aproximadamente dos meses presenta sangrado por la orina, con expulsión de grandes coágulos que obstruyen constantemente su sonda vesical», escribió Romeu en su denuncia.
La espera de un mes para una paciente oncológica con sangrado activo y obstrucción de sonda representa un riesgo clínico significativo. La cistoscopia es un procedimiento endoscópico que permite examinar la vejiga y la uretra, y su demora en estas circunstancias agrava el cuadro de la enferma.
Romeu fue enfática al señalar que su reclamo no apunta al personal médico, sino a quienes tienen responsabilidad institucional. «No responsabilizo a los profesionales sanitarios que trabajan con recursos limitados. Mi reclamación está dirigida a quienes tienen la responsabilidad administrativa e institucional de garantizar una solución», afirmó.
La denuncia interpela directamente a la dirección del hospital, a la Dirección Provincial de Salud Pública, al Ministerio de Salud Pública y a las autoridades del gobierno y del Partido Comunista de Cuba. «No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo una solución médica urgente», subrayó la sobrina.
Ante la falta de condiciones en el Abel Santamaría, la familia solicita que se gestione el traslado urgente de Magalys a otro centro hospitalario que pueda efectuar el procedimiento. «Si el Hospital Abel Santamaría no tiene las condiciones necesarias, solicito que se gestione urgentemente su traslado a otro centro hospitalario que sí pueda efectuarla, conforme a la valoración médica», exigió Romeu.
El caso se enmarca en una crisis sanitaria de proporciones históricas en Cuba. En agosto, el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció 98,500 pacientes en lista de espera quirúrgica, entre ellos unos 12,000 niños. El viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz había informado previamente que la cifra superaba los 100,000.
La situación oncológica es especialmente grave. El gobierno admitió que alrededor de 117,000 adultos y 1,200 niños con cáncer carecían de tratamientos primarios adecuados, que 16,000 pacientes enfrentaban dificultades para acceder a radioterapia y 12,400 necesitaban quimioterapia. La supervivencia de niños cubanos con cáncer cayó del 85% al 65%, una reducción de 20 puntos porcentuales.
El régimen cubano atribuye estas carencias a las sanciones y a las políticas de la Administración Trump, pero el deterioro sanitario no comenzó en el último año: es una crisis acumulada durante décadas, marcada por la falta de medicamentos, equipos e insumos, el desgaste de la infraestructura y la pérdida de personal. Mientras los hospitales acumulan necesidades, las autoridades han priorizado inversiones en otros sectores, como el turismo, sin garantizar recursos suficientes para sostener los servicios de salud.
El Hospital Abel Santamaría, principal centro de salud de Pinar del Río, ha operado en los últimos años bajo condiciones extremas: apagones de hasta, escasez de jeringuillas, gasas, anestésicos y reactivos. Desde junio, asumió además la carga quirúrgica pediátrica del Hospital Pepe Portilla, cuyo quirófano estaba en mantenimiento. Los apagones y la escasez en Pinar del Río ya habían obligado a suspender cirugías electivas desde febrero.
El gobierno cubano admitió 70 muertes diarias por cáncer en un reporte de este mes. Romeu advirtió que esta denuncia es solo el comienzo: «Esta denuncia es el primer paso de una serie de acciones que emprenderé hasta obtener una respuesta concreta», y anunció que recurrirá a organizaciones de derechos humanos y medios dentro y fuera de Cuba si las autoridades no responden. «Magalys Roque tiene nombre, tiene familia, tiene una historia y tiene derecho a recibir atención médica digna», concluyó.
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