Un juez federal estadounidense ordenó este martes al Gobierno de Donald Trump que revele, de forma confidencial, quiénes consultaron el memorando legal que sustenta los ataques militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, cuándo lo hicieron y con qué propósito.
El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió la orden en el marco del litigio que busca hacer público un memorando elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia en septiembre de 2025.
Según la resolución, «el Gobierno debe entregar al tribunal, de forma confidencial, la identidad de quienes consultaron el documento, las fechas de acceso y la finalidad de cada consulta».
El Ejecutivo dispone de 14 días para cumplir con esa exigencia.
El documento en cuestión analiza la autoridad legal del presidente para ordenar ataques letales —incluidos posibles ataques con drones— contra lanchas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.
El caso fue impulsado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la NYCLU y el Center for Constitutional Rights (CCR), que solicitaron el memorando mediante la Ley de Libertad de Información en octubre de 2025 y, ante el silencio del Gobierno, presentaron una demanda judicial en diciembre de ese año.
No es la primera vez que el juez Engelmayer presiona al Ejecutivo en este asunto: a finales de septiembre de 2026 ya había emitido una resolución de 66 páginas ordenando al Gobierno entregar el memorando para revisión judicial privada, rechazando los argumentos del Departamento de Justicia para mantenerlo completamente oculto.
El tribunal argumentó entonces que el Departamento de Defensa y el Comando Sur (SOUTHCOM) habían adoptado el razonamiento del memorando como «marco legal» operativo de la campaña, lo que debilitaba el argumento de que se trataba de un simple documento interno de asesoramiento.
La campaña de ataques, conocida como Operación Southern Spear o «Lanza del Sur», fue lanzada en agosto-septiembre de 2025 bajo una directiva presidencial que autorizó el uso de la fuerza letal contra grupos criminales extranjeros dedicados al narcotráfico.
Desde el primer ataque documentado —el 1 de septiembre de 2025, contra una embarcación venezolana con presuntos integrantes del Tren de Aragua— la campaña ha generado una intensa controversia legal y de derechos humanos.
Al cumplirse un año de operaciones, la agencia EFE contabilizó al menos 227 muertos, 68 embarcaciones destruidas y apenas tres supervivientes documentados.
Según recuentos de InSight Crime, la cifra de víctimas mortales asciende ya a al menos 238 muertos en 79 operaciones al día de hoy, sin que el Gobierno haya presentado pruebas públicas de que todas las víctimas fueran narcotraficantes.
El Gobierno de Trump ha calificado a los ocupantes de las embarcaciones atacadas como «narco-terroristas», pero las organizaciones demandantes sostienen que el memorando de la OLC debe hacerse público para que la ciudadanía pueda evaluar si esos ataques tienen respaldo legal suficiente.
La nueva orden del juez Engelmayer busca determinar si el Ejecutivo puede seguir invocando alguna forma de privilegio legal sobre el documento, o si la amplitud de su uso operativo obliga a su divulgación.
El caso tiene además una dimensión diplomática: en febrero de 2026, una lancha con matrícula de Florida fue interceptada por guardafronteras cubanos cerca de Cayo Falcones, en Villa Clara, con un saldo de cuatro muertos y seis heridos, lo que generó una crisis diplomática entre La Habana y Washington.
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