David Jolly, candidato demócrata a gobernador de Florida, prometió en una entrevista exclusiva para CiberCuba presionar a la administración Trump para revertir la drástica caída en las aprobaciones de residencias bajo la Ley de Ajuste Cubano, y se comprometió a suspender los acuerdos de cooperación migratoria que permiten usar recursos estatales para detener a inmigrantes sin antecedentes penales.
Las cifras que respaldan su denuncia son contundentes: según datos de la Agencia de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las aprobaciones bajo esa ley se desplomaron de casi 50,000 trimestrales en 2024 a apenas 139 en el segundo trimestre de 2026, con más de 342,000 casos pendientes.
«Este presidente ha ralentizado ese proceso de manera drástica. Creo que, en el último trimestre, solo se aprobaron varios cientos de solicitudes, en lugar de miles. Y eso está mal», declaró Jolly, quien se enfrenta al republicano Byron Donalds en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.
La Ley de Ajuste Cubano y el futuro de miles de residencias pendientes están en el centro del debate migratorio. Sigue todos los detalles en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
El candidato fue directo al señalar que, durante la administración anterior, decenas de miles de cubanos obtenían estatus legal permanente bajo la legislación vigente, y que ese camino ha quedado prácticamente bloqueado.
Sobre los cubanos con formulario I-220A —cientos de miles que temen ser deportados— y quienes llevan años con solicitudes paralizadas, Jolly apeló a los valores que, a su juicio, Florida debería defender: «Esa persona lleva 12 años presentándose todos los días en su trabajo, contribuyendo a la economía y ganándose la vida para que sus hijos puedan aprender inglés y formar parte del sueño americano. Creo que debemos ser un estado que honre esos valores».
En materia migratoria más amplia, el candidato prometió suspender los acuerdos 287(g) que utilizan recursos estatales para detener a personas por su idioma o situación migratoria, exigir que los agentes federales presenten órdenes judiciales y se identifiquen, y defender el debido proceso para todos los residentes del estado.
Florida concentra aproximadamente 295 agencias participantes en el programa 287(g), equivalentes al 43% de todos los acuerdos del país. La Policía de Miami registró 451 arrestos bajo esos acuerdos hasta agosto de 2026; unos 131 detenidos —cerca del 29%— eran cubanos.
Sobre la situación en Doral, Jolly describió lo que escuchó de primera mano: «Un líder venezolano me dijo que aquello parecía un coto de caza de personas. Había niños que tenían miedo de ir a la escuela porque no querían regresar a casa y descubrir que sus padres habían desaparecido».
En cuanto a Cuba, el candidato fue enfático: «Quiero ver caer al régimen cubano. Quiero ver una Cuba libre y un pueblo cubano libre». Sin embargo, cuestionó la coherencia de la política exterior de Trump y advirtió que no se puede perseguir la caída del régimen poniendo en riesgo la salud y la vida del pueblo cubano.
Jolly también criticó al presidente por haber propuesto en algún momento que inversores estadounidenses participaran en el sector hotelero cubano, calificándolo de «ignorancia» al no advertir que eso contribuiría a sostener a la dictadura.
Al responder las acusaciones de socialismo de su rival Donalds, el demócrata contraatacó: «Son Donald Trump y los republicanos quienes están apoyando a Delcy en Venezuela y quienes han invitado a Putin al sur de Florida en diciembre: un régimen que respaldó a Maduro, a los sandinistas y a Castro».
Las encuestas más recientes sobre la carrera por la gobernación muestran una contienda reñida: Donalds lidera entre cubanoamericanos (51%-42%) y en el conjunto del estado (50%-42%), mientras Jolly aventaja entre el total de votantes latinos (48%-43%). Un sondeo publicado este miércoles situó al demócrata con una ventaja de 4,3 puntos sobre Donalds, dentro del margen de error de ±4,8 puntos.
Paralelamente, la demanda colectiva Bello-Rubio v. Noem, presentada por cubanos con I-220A, continúa su curso en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida; los demandantes presentaron su oposición a la solicitud gubernamental de desestimar el caso el 23 de octubre de 2026.
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