Un año después de que el huracán Melissa arrasara Santiago de Cuba, más de 70.000 familias de la provincia siguen esperando recuperar sus viviendas, según reconoció el propio gobierno provincial en el primer aniversario del desastre.
El ciclón tocó tierra en la madrugada del 29 de octubre de 2025 por playa El Francés, en el municipio de Guamá, con vientos sostenidos de 195 km/h y categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
El impacto fue devastador: más de 106.000 viviendas dañadas, más de 22.000 derrumbes totales, 851 instituciones educativas afectadas y cultivos perdidos en más de 40.000 hectáreas, además de la destrucción de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.
La recuperación arrancó con cierta velocidad. Yasmín Tortoza Sánchez, coordinadora de programas del Gobierno Provincial, señaló que «entre noviembre y diciembre recibimos más de 100.000 tejas y otros materiales que permitieron recuperar el grueso de esas viviendas», y que para inicios de 2026 cerca de 20.000 habían sido rehabilitadas.
Sin embargo, ese avance se detuvo en seco.
Ángel Hechavarría Hechavarría, uno de los miles de afectados que aún aguarda reparación, lo describe con claridad: «Desde que no entra petróleo y otros recursos al país, lo que marchaba rápido, prácticamente se paralizó».
El testimonio de Ángel resume la situación de decenas de miles de familias: hasta enero de 2026 mantenía esperanzas de que el derrumbe parcial de su cubierta se resolvería pronto, pero en febrero todo cambió.
Cinco meses después del huracán, solo el 17% de las viviendas dañadas había sido rehabilitado, según datos de abril de 2026, lo que evidencia que la parálisis no fue transitoria.
La escasez de combustible impide transportar materiales hacia los municipios rurales y montañosos, y donativos recibidos permanecen sin distribuir por las mismas razones, según reconoció el propio gobierno provincial.
Como alternativas, el régimen impulsa la adaptación de contenedores metálicos, la construcción de viviendas de tipología IV y la producción local de ladrillos, tubos y cal en los nueve municipios de la provincia.
La respuesta internacional ha sido significativa pero insuficiente frente a la magnitud del daño.
El PNUD movilizó 2,6 millones de dólares y distribuyó más de 6.400 módulos de cubierta metálica y 26.000 lonas para coberturas temporales, mientras que la Cruz Roja Cubana y la Federación Internacional asistieron a más de 35.000 personas en situación vulnerable e instalaron 14 sistemas fotovoltaicos en clínicas del oriente del país para garantizar atención médica durante los apagones.
La ONU, por su parte, solicitó 74,2 millones de dólares para atender a cerca de un millón de personas afectadas, y afirmó esta semana que «la recuperación continúa» en Cuba, aunque reconoció las profundas huellas que dejó el fenómeno.
La crisis energética que padece la isla —apagones prolongados, escasez crítica de combustible y deterioro del sistema eléctrico— es el principal obstáculo estructural para la reconstrucción, según advirtió la Cruz Roja en el primer aniversario del huracán.
Esa crisis no es consecuencia del ciclón, sino el resultado de décadas de mala gestión de la dictadura cubana, que dejó al país sin capacidad de respuesta ante un desastre de esta magnitud.
Un año después, la imagen más elocuente de Santiago de Cuba no es la de una provincia en reconstrucción, sino la de más de 70.000 familias que siguen viviendo bajo techos rotos o en soluciones provisionales, a la espera de materiales que no llegan.
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