El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia que expone una práctica sistemática del régimen: utilizar el contacto familiar como mecanismo de presión y castigo sobre las mujeres privadas de libertad en Cuba.
La denuncia fue presentada el martes en Panamá, durante una audiencia regional sobre la situación de las mujeres reclusas convocada en el marco del 197.º Período de Sesiones de la CIDH, con la participación de organizaciones de Guatemala, Colombia, México y Cuba.
Camila Rodríguez, directora del CDPC, explicó ante los comisionados el mecanismo central de la denuncia: en las prisiones cubanas, el Estado no garantiza alimentos, medicamentos ni productos de higiene básicos, de modo que son las familias —casi siempre madres, hermanas e hijas— quienes los llevan durante las visitas.
«La visita no es solo un espacio afectivo: es el canal por el que, en la práctica, se cumple el deber de garante que el Estado incumple», afirmó Rodríguez.
El problema, subrayó, es que ese mismo canal queda sujeto al arbitrio de las autoridades penitenciarias. «El mismo Estado que delega en las familias el sostenimiento de las mujeres privadas de libertad controla de manera discrecional el acceso a ese canal. Lo que nace de su omisión termina convertido en un instrumento de control», señaló.
El CDPC documentó casos concretos. En 2025, a una madre se le impidió visitar a su hija presa política al menos nueve veces, bajo pretextos como llegar vestida de blanco o un supuesto brote de chikunguña. En enero de este año, la confiscación de medicamentos llevados durante una visita derivó en la cancelación total del contacto familiar. «Se castiga a la persona presa y a su familia por intentar cubrir lo que el Estado no le da», denunció Rodríguez.
Otros casos incluyen amenazas de retirar la custodia de los hijos a reclusas y traslados a prisiones lejanas. Una madre de cinco hijos menores, en referencia a la presa política Lizandra Góngora, pasó más de seis meses sin verlos tras ser trasladada a la Isla de la Juventud
Rodríguez también mencionó el caso de una mujer llevada a una celda de castigo en abril de este año tras un altercado con una funcionaria, hallada sin vida horas después. Su familia rechaza la versión oficial y el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal sin presencia familiar. En septiembre, otra madre denunció que su hija se autolesionó tras un período sin poder llamar por teléfono a sus seres queridos.
Entre 2022 y 2026, el CDPC registró 306 eventos violatorios de derechos humanos relacionados con mujeres privadas de libertad en Cuba, incluyendo graves afectaciones a la salud reproductiva y atención médica deficiente.
La organización pidió a la CIDH que no trate las restricciones al contacto familiar como simples medidas disciplinarias. «Cuando una mujer depende de su familia para comer y medicarse, restringir ese contacto afecta su integridad personal y extiende la pena a personas que no fueron condenadas, algo que el artículo 5.3 de la Convención Americana prohíbe», argumentó Rodríguez.
Además, se unió al pedido a la CIDH de promover medidas para impedir que las visitas y llamadas familiares sean suspendidas como sanción disciplinaria, además de impulsar alternativas al encarcelamiento para mujeres vulnerables.
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