Ayer, al menos 69 personas murieron en Urda, Toledo, cuando un AVE embistió a un tren de Iryo que estaba detenido en la vía. El 18 de enero, en Adamuz, Córdoba, más de 40 personas perdieron la vida en la misma línea, la Madrid-Andalucía (46 en total, con los fallecidos posteriormente en hospitales).
Han pasado nueve meses y por Adamuz todavía no hay culpables. Nadie ha dimitido y nadie ha rendido cuentas. El ministro que estaba entonces sigue hoy en su despacho, y su primera reacción ha sido la de siempre: buscar a un operario al que culpar.
No escribo esto para hablar de un accidente. Escribo para hablar de un patrón.
Los que venimos de Cuba, y muchos de los que han llegado de Venezuela, aprendimos a reconocerlo antes de saber nombrarlo. No hace falta que un país sea una dictadura para que empiece a recorrer algunos de los caminos que llevan a ella. Basta con un Gobierno que deja de gobernar para dedicarse a hacer campaña, que divide a la sociedad entre «el pueblo» y «los poderosos», y que confunde gestionar un país con repartirlo.
España no es Venezuela ni Cuba. Aquí hay elecciones libres de verdad, jueces que han llevado a prisión a un exministro del propio Gobierno y una prensa que puede escribir lo que yo escribo hoy. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez sigue pautas que a cualquier cubano le resultan familiares.
La primera pauta es el discurso. Se señala a los empresarios como enemigos y se convierte a quien genera empleo en sospechoso. Se gobierna a golpe de relato, en platós y redes sociales, mientras los problemas reales se acumulan en los cajones.
La segunda es fiscal. Llegan impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas y un impuesto a las grandes fortunas, y se niegan a deflactar el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), de modo que la inflación sube los impuestos de la clase media sin que nadie vote esa subida. El Estado nunca ha recaudado tanto.
La tercera es el gasto. Tenemos el Gobierno con más ministerios de la democracia, más empleo público y subvenciones que se reparten con un ojo puesto en las urnas. Es un Estado cada vez más grande, más caro y más ocupado en sí mismo.
La cuarta, la más grave, es el abandono de la gestión. Pasan años con presupuestos prorrogados. Se anuncia inversión que luego no se ejecuta. Los ferroviarios llevan tiempo advirtiendo del mantenimiento y nadie los escucha. Los servicios que funcionaban han dejado de funcionar.
Urda lo resume todo. El sistema de seguridad que falló ayer, el LZB, funciona en la línea Madrid-Sevilla desde 1992. Su sustitución por el estándar europeo ERTMS se aprobó a finales de 2019, la primera licitación hubo que anularla por un error del propio Adif y el contrato se adjudicó en 2021 con un plazo de 52 meses. Cinco años después, el sistema viejo sigue ahí, y los maquinistas llevaban meses avisando de pérdidas de transmisión y bloqueos. ¿Y qué hizo el Gobierno el martes, menos de 24 horas antes del choque? El Consejo de Ministros aprobó ampliar en 11,5 millones de euros el contrato de mantenimiento de esa señalización, en manos de una UTE controlada por Hitachi y a la que Adif adjudicó el servicio con una única oferta. El contrato cubre expresamente el centro de mantenimiento de Urda. Dinero había; lo que no había era gestión.
Sánchez lleva más de ocho años en La Moncloa. No puede decir que no tuvo tiempo. Tampoco puede decir que no lo sabía: después de Adamuz tuvo nueve meses para revisar a fondo la seguridad de la red, y el resultado es Urda.
Ahí está la paradoja que debería escandalizar a cualquier contribuyente: nunca hemos pagado tanto y nunca las cosas han funcionado tan mal. El dinero no ha desaparecido; ha cambiado de destino. Se ha ido a sostener la maquinaria política y no a mantener lo que nos protege.
La alta velocidad fue durante décadas el orgullo de la España moderna. Hoy es el retrato de un Gobierno que cree que basta con contar bien las cosas para que dejen de ser verdad. En Cuba conocemos muy bien ese mecanismo. Allí los hospitales también eran «una potencia médica» en los discursos mientras los pacientes llevaban sus propias sábanas. El relato siempre sobrevive a la realidad, hasta que la realidad se lleva a alguien por delante.
En Urda y en Adamuz la realidad se ha llevado por delante a más de 100 personas en nueve meses.
Las causas técnicas las establecerán los investigadores, y habrá que respetar sus conclusiones. Pero la responsabilidad política no necesita peritos. Un Gobierno que mantiene en su cargo al ministro de Adamuz, que culpa a un empleado antes de que se apaguen los incendios y que dedica más energía a la precampaña que al mantenimiento de las vías no puede alegar mala suerte por segunda vez.
Los cubanos sabemos cómo termina un país cuando nadie responde por nada: con todo dependiendo del Estado y con un Estado que no responde por nada. España está todavía muy lejos de eso. Precisamente por ello, es el momento de decirlo en voz alta, mientras se puede, mientras se vota y mientras todavía hay tiempo de corregir el rumbo.
Las víctimas de Urda y Adamuz merecen la verdad, merecen que paguen los culpables y merecen que esto no vuelva a pasar.
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