María del Carmen Abascal Martín, conocida como Maricarmen, murió este miércoles a los 87 años en Madrid, apenas dos semanas después de haber sido desahuciada de la vivienda del barrio de Retiro en la que había vivido durante unos 70 años.
Maricarmen permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, el mismo día en que se ejecutó el desalojo. Su fallecimiento fue comunicado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, organización que la acompañó durante su batalla para permanecer en la casa.
Hasta el momento no se ha hecho pública una causa médica concreta del fallecimiento, por lo que no puede establecerse una relación causal entre el desahucio y su muerte. Lo confirmado es que la mujer fue trasladada a un centro sanitario el mismo día de su desalojo y permaneció hospitalizada desde entonces.
Horas antes de conocerse su muerte, representantes del Sindicato de Inquilinas habían explicado que su estado de salud era delicado y que continuaba sometiéndose a pruebas médicas.
Murió antes de poder regresar a su casa
La muerte de Maricarmen se produce después de que sus representantes, la propiedad de la vivienda y el Ayuntamiento de Madrid alcanzaran finalmente un acuerdo que habría permitido a la mujer regresar a su antiguo domicilio cuando recibiera el alta hospitalaria.
El acuerdo llegó, sin embargo, cuando Maricarmen seguía ingresada y nunca pudo volver a la casa en la que había pasado prácticamente toda su vida.
El Sindicato de Inquilinas lamentó lo ocurrido y reivindicó el legado de la mujer, cuya historia se convirtió en las últimas semanas en uno de los principales símbolos de las protestas por el acceso a la vivienda en España.
“Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, expresó la organización tras anunciar su fallecimiento, según recogieron este miércoles varios medios españoles.
Setenta años en la misma vivienda
Maricarmen residía desde 1956 en un piso situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Su padre había firmado originalmente un contrato de renta antigua y la familia permaneció en el inmueble durante décadas.
Tras una prolongada disputa judicial sobre la continuidad de aquel contrato, la empresa inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión logró una resolución favorable para recuperar la vivienda.
Maricarmen pagaba una renta antigua que rondaba los 500 euros mensuales, mientras que la propiedad llegó a plantearle un alquiler de alrededor de 1.650 euros, superior a la pensión que percibía.
El conflicto pasó por varias instancias judiciales y hubo distintos intentos de desalojo antes de que finalmente la comisión judicial ejecutara el desahucio el 23 de septiembre.
Aquel día, Maricarmen salió de la vivienda en camilla y fue trasladada por los servicios sanitarios ante decenas de personas que se habían concentrado en las inmediaciones para intentar impedir el lanzamiento.
Su desahucio provocó una movilización nacional
Las imágenes del desalojo provocaron una fuerte reacción social y colocaron nuevamente la crisis de la vivienda en el centro del debate público español.
Miles de personas participaron en manifestaciones y concentraciones y, pocos días después, comenzó una acampada en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar medidas contra los desahucios y el elevado precio de los alquileres.
El caso de Maricarmen terminó trascendiendo su situación individual y se convirtió en un símbolo utilizado por organizaciones de inquilinos y colectivos sociales para exigir mayores protecciones para las personas vulnerables.
Nuevas medidas de vivienda en España
La enorme repercusión del caso coincidió con una aceleración de la agenda política sobre vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó nuevos decretos con medidas destinadas a reforzar las protecciones de los inquilinos, regular determinados alquileres y ampliar las garantías frente a situaciones de vulnerabilidad.
Un primer intento de sacar adelante esas medidas fue rechazado en el Congreso, en medio de las protestas que se estaban produciendo en el país.
Después de la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre y la disolución de las Cortes, el Gobierno volvió a aprobar dos reales decretos-leyes sobre vivienda.
Las nuevas normas fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y deberán pasar ahora por la Diputación Permanente del Congreso.
Entre las medidas figuran nuevas reglas para determinados contratos de alquiler, prórrogas extraordinarias, límites a algunas actualizaciones de renta y mayores protecciones para determinados inquilinos.
Maricarmen ya no podrá beneficiarse de ninguna de esas medidas. Su muerte, ocurrida cuando existía finalmente un acuerdo para que regresara a su vivienda, cierra una historia personal que en apenas unas semanas terminó convertida en uno de los casos más visibles de la crisis de vivienda que atraviesa España.
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