Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), arrestaron el 23 de octubre a Osmal Sánchez Loy, ciudadano cubano de 70 años, acusado de votar ilegalmente en las elecciones generales de 2024 en Pensilvania.
Según ICE, Sánchez Loy tenía una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración en abril de 2009, pero nunca fue expulsado del país. Permaneció en territorio estadounidense durante los años siguientes sin ajustar su estatus a residente permanente legal.
La investigación fue conducida por la oficina de HSI en Allentown, y la Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania aceptó el caso para su procesamiento.
Sánchez Loy, residente de Fountain Hill, Pensilvania, acumula además antecedentes penales: una condena por drogas peligrosas en 1987 y otra por recibir bienes robados en 1991.
Este caso ilustra las complejidades del sistema migratorio estadounidense. Sigue todos los detalles sobre arrestos, deportaciones y procesos legales en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Nathan Abel, agente especial a cargo de HSI, fue categórico: «Proteger la integridad electoral sigue siendo una prioridad máxima. Continuaremos trabajando con nuestros socios para responsabilizar a quienes infrinjan la ley».
El arresto se produce a días de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre de 2026, y Pensilvania es uno de los estados bisagra más disputados del país, lo que amplifica el impacto político del caso.
El arresto forma parte de una ofensiva nacional de la administración Trump contra el voto de no ciudadanos que se ha intensificado en octubre. El Departamento de Seguridad Nacional anunció esta semana decenas de arrestos adicionales en todo el país por fraude electoral.
Entre los acusados figuran cuatro cubanos dentro de un grupo de 48 extranjeros procesados en cinco estados: además de Sánchez Loy, el también cubano Alfredo Santiesteban (73 años) en Pensilvania, Jamie Orlando Sosa Sardina (60 años) y Luis Manuel Pérez (72 años) en Florida.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que tres de los cuatro cubanos eran residentes permanentes legales. Sin embargo, existe una discrepancia en el caso de Osmal Sánchez Loy: mientras el Departamento de Justicia lo identifica como residente permanente, ICE sostiene que nunca obtuvo ese estatus y que tenía una orden final de deportación desde abril de 2009.
Este es un punto delicado que las autoridades federales han reiterado en varios reportes: la tarjeta de residencia permanente —la llamada «green card»— no otorga el derecho a votar en elecciones federales.
La ley federal prohíbe a cualquier no ciudadano participar en comicios presidenciales o al Congreso. Quien lo haga puede enfrentar hasta un año de prisión. Si además declaró falsamente ser ciudadano para registrarse, la pena puede alcanzar los cinco años.
Más allá de la sanción penal, el voto ilegal puede derivar en deportación e inadmisibilidad permanente, incluso para quienes tienen residencia.
El caso de Sánchez Loy ilustra también el problema estructural de los cubanos con órdenes de deportación que Cuba históricamente se ha negado a readmitir, dejando a miles en un limbo migratorio durante años.
La administración Trump reactivó en 2025 y 2026 la ejecución de esas órdenes antiguas, en algunos casos deportando a cubanos a terceros países cuando La Habana se niega a recibirlos.
Todas las acusaciones contra Sánchez Loy son alegaciones; se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
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