Apenas uno de cada cuatro titulares de tierras agrícolas en Cuba es mujer: las mujeres representan el 23% de quienes poseen derechos sobre parcelas agrícolas en la isla, frente al 77% de los hombres, según datos oficiales del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) recogidos por la revista Alas Tensas.
La cifra, correspondiente al cierre de 2024, supone un avance casi imperceptible respecto al 22,6% registrado en 2023, apenas 0,4 puntos porcentuales de incremento en un año.
La brecha se profundiza cuando se analiza el tamaño de las parcelas: el 36,1% de las mujeres titulares posee menos de una hectárea, el doble que la proporción equivalente entre los hombres, que se sitúa en el 18,3%.
En cuanto a la modalidad de tenencia, el 62% de las mujeres titulares dispone de terrenos en usufructo —es decir, puede usarlos sin ser propietaria— y solo el 38% los tiene en propiedad. Combinando estos porcentajes con el total de titulares, las mujeres representarían aproximadamente el 25,6% de las propietarias de tierras agrícolas en el país.
A esa desigualdad en el acceso a la tierra se suma una brecha de ingresos igualmente grave. Una publicación del Centro de Estudios de la Mujer elaborada con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y difundida en 2025 señala que alrededor de la mitad de las mujeres rurales carecía de ingresos propios en 2024.
Una investigación de la Fundación Friedrich Ebert elaborada por especialistas de FLACSO-Cuba documentó que «la proporción de hombres con ingresos propios supera a la de mujeres en más de 20 puntos porcentuales en el conjunto del país, una diferencia que se acentúa en las zonas rurales».
Los datos de 2019 recogidos en ese estudio mostraban que las mujeres representaban apenas el 13% de las personas asociadas a cooperativas agrícolas y el 33% del personal de las empresas agropecuarias.
El informe nacional Cuba 2019. Ascenso a la raíz ya advertía que las mujeres constituían el 46,3% de la población rural cubana, pero solo el 26,1% de su población económicamente activa.
«La falta de ingresos propios puede limitar la independencia económica de las mujeres, especialmente cuando dependen de otros integrantes del hogar», concluye el análisis de Alas Tensas, que subraya que las desigualdades documentadas no son nuevas, sino el resultado de décadas de políticas que han ignorado sistemáticamente la situación de las campesinas cubanas.
Muchas de las cubanas que trabajan el campo ni siquiera aparecen en los registros oficiales. Participan en la cría de animales, el cuidado de cultivos menores y otras labores en fincas familiares sin figurar como titulares, frecuentemente en terrenos registrados a nombre de sus parejas u otros familiares.
A esa invisibilidad estadística se añade la carga desproporcionada del trabajo doméstico: según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016, el 98,39% de las mujeres rurales participaba en labores domésticas, frente al 94,49% de los hombres, y el 55,96% asumía actividades de cuidado, frente al 29,67% de los hombres.
En este contexto, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), organización independiente que cumplió treinta años el 15 de octubre, lleva años exigiendo reformas al modelo agrario cubano.
Desde 2019 impulsa la campaña «Sin campo no hay país». Su presidenta en Cuba, Katia Hernández Torres, ha reclamado que los campesinos puedan decidir qué producir, comercializar directamente sus cosechas y establecer precios sin depender de intermediarios estatales obligatorios.
La organización ha pagado un precio por su activismo: en febrero de 2026, Hernández Torres y otras activistas fueron citadas e interrogadas por el Departamento Técnico de Investigación en Pinar del Río. Hernández Torres responsabilizó públicamente a la Seguridad del Estado por cualquier daño contra ella o su esposo.
El régimen aprobó en julio de 2026 la Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, vigente desde septiembre, que reconoce por primera vez la igualdad de género como principio de la política agraria y establece acceso preferente para mujeres y jóvenes.
Sin embargo, el Food Monitor Program advirtió que la norma mantiene restricciones estructurales: la propiedad privada queda limitada a 67,10 hectáreas, siguen prohibidos el arrendamiento y la aparcería, y el Estado conserva el control sobre la transmisión y el destino productivo de la tierra.
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