Un operativo del Ministerio del Interior (MININT) desplegado el domingo en todos los Consejos Populares del municipio habanero de San Miguel del Padrón terminó con 71 personas detenidas y trasladadas a la 11ª Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del territorio, según informó el diario oficialista Tribuna de La Habana.
Lo que el régimen presentó como una acción contra la delincuencia esconde una práctica que indigna a millones de cubanos: entre los detenidos figuran personas calificadas por las propias autoridades como «indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada», es decir, ciudadanos cubanos que viven en La Habana sin haber obtenido el permiso administrativo de residencia que exige el Decreto-Ley 217.
La información circuló primero a través del perfil de Facebook «Héroes de Azul en Cuba» de la PNR, pero la publicación fue eliminada poco después de su difusión, un detalle que añade opacidad a un operativo que ya generaba rechazo en redes sociales.
El resto de los detenidos enfrentan cargos por tenencia de drogas, ejercicio de la prostitución, portación de arma blanca, actividad económica ilícita e impago de multas, categorías que el régimen mezcló sin distinción con la de quienes simplemente residen en la capital sin papeles.
Esa equiparación revela la lógica del Decreto-Ley 217, aprobado en abril de 1997 bajo el gobierno de Fidel Castro: cualquier cubano procedente de otra provincia que desee domiciliarse en La Habana debe solicitar autorización administrativa previa. Quien no la tenga puede ser multado y deportado de forma forzosa a su provincia de origen.
La norma convierte a La Habana en una suerte de estado con fronteras propias dentro del territorio nacional, y sus consecuencias recaen de forma desproporcionada sobre los llamados «orientales», cubanos provenientes de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Holguín o Las Tunas, quienes son sometidos a controles de identidad en terminales de transporte y zonas céntricas de la capital.
Human Rights Watch documentó que, según un funcionario cubano, la policía había expulsado por la fuerza a personas de La Habana en aproximadamente 20,000 ocasiones en aplicación de este decreto. Ya en mayo de 1997, unas 2,000 personas fueron devueltas a sus provincias durante las primeras semanas de vigencia de la norma.
Quienes viven de forma informal en la capital no pueden acceder a empleos estatales ni tienen derecho a comprar la canasta básica subsidiada en La Habana. El miedo a ser interceptados es constante.
El debate sobre esta paradoja se había reavivado semanas antes, cuando el creador de contenido cubano Lil Lemon viralizó un testimonio en el que describía el ciclo de expulsiones: «Conseguir la residencia habanera siendo 'oriental' era muy difícil y algunos dependían de permisos temporales de dos o tres meses», explicó. «Podían ser deportados el 1 de enero y regresar el 16 de enero».
La respuesta en redes fue inmediata. «Me deportaron a Camagüey dos veces en una misma semana», escribió un usuario al reaccionar al video.
El Decreto 217 fue parcialmente modificado en 2011 mediante el Decreto 293, que flexibilizó algunos supuestos de reunificación familiar, pero mantuvo intactas sus restricciones esenciales. En abril de 2026, un informe presentado ante el Comité CEDAW de la ONU documentó que las mujeres migrantes internas procedentes del oriente cubano siguen sufriendo acoso policial, desalojos forzosos y exclusión de servicios básicos en la capital.
Mientras tanto, la PNR celebraba el operativo con un mensaje en su perfil de Facebook —ya eliminado— que rezaba: «La calle habla, la denuncia llega y la respuesta no se hace esperar. La tranquilidad ciudadana se construye todos los días, calle a calle, barrio a barrio».
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