El jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, Enrique Diego Arango Arias, reaccionó este martes con dureza ante la publicación oficial de la ley que disuelve el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), denunciando que las advertencias de los especialistas fueron completamente ignoradas por las autoridades.
Arango, vicedirector técnico del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), publicó en Facebook que los expertos enviaron sus críticas al correo habilitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y que el resultado fue el silencio: «Y olímpicamente no le hicieron caso (por no decir otra palabra) a los análisis realizados por varios especialistas donde se planteaba el grave error de desaparecer al CITMA».
El detonante de su nueva reacción fue la publicación, el lunes, de la Ley 186 «De Organización de la Administración Central del Estado» en la Gaceta Oficial (Edición Ordinaria n.º 90), que entra en vigor el 9 de noviembre de 2026.
La norma, aprobada por la ANPP el 30 de julio, reduce los organismos de la Administración Central del Estado de 27 a 21 y disuelve el CITMA, distribuyendo sus funciones entre dos nuevas carteras: el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación y el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos.
Este último asumirá, según el Artículo 92 de la ley, la dirección de las redes de vigilancia sismológica e hidrometeorológica, lo que coloca al CENAIS bajo la misma cartera que gestiona el agua, el catastro y la vivienda.
Arango señaló que precisamente ahí radica uno de los errores técnicos de la ley: «tanto el INSMET como el CENAIS, no solo operan 'redes de vigilancia', son instituciones científicas que gestionan programas de proyectos, realizan investigaciones fundamentales y aplicadas entre otras misiones de Ciencia, Técnica e Innovación».
La crítica no es nueva. Desde el día siguiente a la aprobación parlamentaria, el sismólogo había calificado la disolución del CITMA de «grave error» tomado de forma «inconsulta», denunciando que no se convocó a trabajadores ni directivos del ministerio para debatir la medida y que no existía ningún estudio científico que respaldara sus ventajas.
En aquella ocasión también advirtió que «la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro organismo ni siquiera tienen conocimiento de que el CITMA desaparece».
Un trabajador del CITMA en Matanzas, Luis Ernesto Martínez González, denunció que el personal no recibió «ni una sola pregunta escrita» antes de que se tomara la decisión, y que fueron informados de la disolución apenas el 8 de mayo de 2026, menos de tres meses antes de la aprobación legislativa.
La publicación de Arango generó una avalancha de comentarios de ciudadanos y profesionales que compartieron su frustración. «¿Para qué iban a escuchar a los expertos, si ya los infalibles habían tomado la decisión? Eso era sabido», escribió Zoilo Rafael Fernández Hernández. Otra usuaria resumió la mezcla de competencias que establece la ley: «Sismología con gestión del agua, catastro... Hay una mezcolanza de funciones ahí que solo ellos entienden».
El CENAIS opera una red de 25 estaciones sísmicas y suministra datos en tiempo real a sistemas internacionales de alerta de tsunamis del Caribe, una función que los especialistas consideran incompatible con la lógica de un ministerio centrado en el medio ambiente y los recursos hidráulicos.
Los organismos afectados dispondrán de hasta un año desde la entrada en vigor de la ley para completar el traspaso de personal, bienes y recursos financieros, un plazo que los críticos consideran insuficiente para una reestructuración de esta envergadura.
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