Un video publicado en Facebook documenta una escena nocturna en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana: al menos cinco niños de entre nueve y 11 años abordan de manera insistente a los viajeros que salen del edificio para pedirles dinero, sin que ningún agente policial ni personal de seguridad aeroportuaria intervenga.
El autor de la denuncia, identificado como Bautense Ferever, describe una situación que va más allá de la simple petición de ayuda: «No piden una simple ayuda; exigen dinero con una agresividad impropia de su edad. Lo alarmante no es solo el acoso constante, sino la reacción ante la negativa: insultos, improperios y un trato hostil hacia los viajeros que deciden no ceder a la extorsión emocional».
Lo que más alarma al denunciante es el vacío de autoridad en una zona de alta sensibilidad: «¿Cómo es posible que menores de edad circulen libremente y operen con total impunidad en el perímetro exterior de un aeropuerto internacional?», pregunta en su publicación, que acumula más de 240,000 visualizaciones.
El usuario interpela directamente a la administración del aeropuerto, a las autoridades policiales y al Ministerio del Interior, y concluye que «lo vivido esa noche en la Terminal 3 del aeropuerto José Martí refleja una problemática compleja que combina la pérdida de control institucional y una alarmante crisis social».
El episodio no es aislado. En diciembre de 2024, un niño que vendía caramelos en esa misma terminal fue subido a una patrulla policial entre lágrimas. A comienzos de ese mismo año, cuatro menores fueron captados solos pidiendo dinero en la autopista de entrada a La Habana por el municipio del Cotorro, el mayor de unos diez años y una niña de unos siete.
Los casos documentados en 2026 se han multiplicado en todo el país. Un niño de diez años vendía ajos y pan en la calle sin haber comido ese día en septiembre; en julio, un menor de 11 años recogía latas de madrugada en Camagüey para ayudar a su familia; en octubre, una niña de 12 años vendía dulces tras perder su vivienda en un ciclón.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró decenas de denuncias de trabajo y mendicidad infantil solo durante 2025, y el propio gobierno cubano reconoció a finales de ese año que casi 200,000 niños y adolescentes se encontraban en situación de vulnerabilidad. Una encuesta realizada en mayo de 2026 reveló que el 33.9% de los hogares reportó que al menos un integrante se había acostado con hambre en los 30 días previos.
La Ley 178 de 2025, conocida como Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, prohíbe expresamente la utilización de menores para pedir dinero y lo califica como explotación infantil. Sin embargo, la brecha entre la norma y la realidad es evidente: mientras la policía detiene a niños vendedores ambulantes, grupos de menores operan de noche en el perímetro de un aeropuerto internacional sin que nadie los detenga. La Unión de Jóvenes Comunistas negó en junio de 2026 que existiera trabajo infantil en Cuba, en abierta contradicción con los casos documentados por medios independientes y organismos de seguimiento.
«Niños en edad escolar primaria deberían estar en sus casas o escuelas, no deambulando de noche por aeropuertos expuestos a la marginalidad, la violencia y la descomposición social», escribió desde Bautense Ferever, en una frase que resume la dimensión humana de una crisis que se agrava en la misma medida en que se profundiza el colapso económico de la Isla.
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