La periodista independiente Camila Acosta denunció que agentes de la Seguridad del Estado cubano la amenazaron con enviarla a prisión por haber grabado a un funcionario que le impedía salir de su vivienda. Tras permanecer más de ocho horas detenida el martes 3 de noviembre en La Habana, recibió un acta de advertencia y recuperó su teléfono móvil completamente inutilizado, según su testimonio.
La reportera de CubaNet y corresponsal del diario español ABC ofreció los detalles el miércoles 4 de noviembre en una transmisión de Buenos Días CubaNet. Explicó que las autoridades invocaron el artículo 393.1 del Código Penal, relativo a actos contra la intimidad personal y familiar, una figura penal relacionada con el caso por el que fueron condenadas Anna Bensi y su madre.
El video de un agente de la Seguridad del Estado, origen de las amenazas
Acosta relató que durante el interrogatorio en la estación policial de Playa, un oficial que se identificó como teniente coronel le comunicó que levantarían un acta de advertencia por haber filmado a un hombre vestido de civil que, el 28 de octubre, le prohibió salir de su casa sin exhibir una orden judicial ni identificarse.
CiberCuba informó entonces del incidente y del video difundido por CubaNet, en el que la periodista cuestionó al hombre sobre sus facultades para restringir su libertad de movimiento.
Según Acosta, los interrogadores le dijeron que el funcionario y su familia habían recibido amenazas después de que las imágenes circularan en redes sociales y pretendieron responsabilizarla de cualquier incidente que pudiera ocurrirles. Ella negó ser responsable de esas supuestas amenazas y sostuvo que grabó al agente como prueba de una restricción que consideraba arbitraria.
«El acta de advertencia que me pusieron fue por grabar este video», afirmó durante el programa. Añadió que la amenazaron con abrirle un proceso penal y enviarla a prisión si continuaba documentando e identificando a los agentes que la vigilan.
Más de ocho horas detenida, esposada y sin poder llamar a su familia
La periodista situó el arresto cerca de las 11:45 de la mañana del martes, cuando se dirigía al veterinario con una gata. Denunció que dos agentes de civil y dos policías uniformados la introdujeron por la fuerza en una patrulla, la esposaron con las manos a la espalda y la trasladaron a la estación policial de Playa.
Acosta afirmó que permaneció aproximadamente media hora dentro de la patrulla estacionada bajo el sol, aún esposada, y que después fue conducida a una celda en malas condiciones higiénicas. También aseguró que durante la detención le negaron reiteradamente la posibilidad de telefonear a su familia.
En su relato, describió contradicciones en los documentos que le mencionaron: dijo que una anotación hablaba de «actividades contrarrevolucionarias», mientras que el acta de detención aludía a «instigación a delinquir». Aclaró, sin embargo, que lo que finalmente le entregaron fue un acta de advertencia, que se negó a firmar.
La detención y su posterior liberación ya habían sido reportadas por CiberCuba. Su esposo, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, pasó horas sin conocer su paradero, hasta que la periodista pudo comunicarse con él cuando fue puesta en libertad, alrededor de las ocho de la noche.
«Así me devolvieron mi teléfono: totalmente inservible»
Uno de los elementos nuevos de su denuncia es el estado en que recibió el teléfono que llevaba cuando fue arrestada. Acosta afirmó que los agentes lo retuvieron durante la detención y se lo devolvieron sin funcionar. Aseguró que trató de cargarlo durante la noche, pero no consiguió encenderlo.
En una publicación de Facebook acompañada de fotografías, mostró restos de una sustancia verdosa en piezas del dispositivo y escribió: «Así me devolvieron mi teléfono: totalmente inservible».
La periodista sospecha que le aplicaron algún líquido, posiblemente corrosivo, para dañarlo. Acosta atribuye el deterioro a una represalia por utilizar el móvil para documentar la actuación de la Seguridad del Estado.
¿Qué relación tiene con el caso de Anna Bensi?
El artículo 393.1 de la Código Penal cubano (Ley 151 de 2022), es la disposición invocada, según Acosta, por los agentes que la interrogaron. La periodista afirmó que la amenazaron con penas de prisión, incluso de hasta cinco años en supuestos agravados.
La similitud que señala la periodista es que Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, fueron condenadas el 1 de octubre a dos años de limitación de libertad en una causa derivada de la grabación y difusión de imágenes de un agente del Ministerio del Interior que acudió a su domicilio.
En el caso de Acosta, hasta ahora se trata de una advertencia y amenazas de un eventual proceso, no de una condena ni de cargos penales formalizados que hayan sido acreditados. La periodista insiste en que seguirá grabando las restricciones que considera ilegales: «Es la única evidencia que yo tengo el día de mañana si me sucede algo».
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