El restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos, previsto para este viernes, quedó en suspenso después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revirtiera su propia decisión el martes y concediera al gobierno de Trump una pausa administrativa de 14 días sobre la orden que habría reactivado las protecciones.
Según trascendió en una nota de Bloomberg Law, el giro es especialmente llamativo porque el mismo panel de tres jueces había rechazado unánimemente, el 30 de octubre, la petición del gobierno de mantener bloqueada la orden del juez de distrito Edward M. Chen, e incluso había negado una pausa administrativa adicional de al menos 21 días que Washington solicitó como alternativa.
Apenas cuatro días después, ese mismo tribunal cambió de postura. Según informó Bloomberg Law, el panel indicó que concederá una suspensión administrativa de 14 días a partir de este viernes 6 de noviembre, lo que extiende la incertidumbre hasta aproximadamente el 20 de noviembre.
El resultado práctico es inmediato: los más de 627,000 venezolanos afectados —según datos del Departamento de Seguridad Nacional de junio de 2026— no recuperarán este viernes la protección contra la deportación ni la autorización de empleo que habrían obtenido con el restablecimiento del TPS.
La pausa no resuelve el fondo del litigio ni cancela definitivamente el programa. Se trata de una medida procesal que mantiene bloqueada la orden del tribunal de distrito mientras el Noveno Circuito evalúa si conceder una suspensión más prolongada durante la apelación, según explicó El Cronista en su cobertura del caso.
El litigio, conocido como National TPS Alliance v. Noem/Mullin, tiene su origen en las decisiones de la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, quien en enero y febrero de 2025 anuló la extensión del TPS venezolano aprobada por la administración Biden y terminó la designación de 2023.
El juez Chen declaró esas acciones ilegales en septiembre de 2025, pero la Corte Suprema bloqueó su orden meses después mediante su llamado shadow docket.
Como advirtió El Cronista, «los venezolanos afectados por este caso tendrán que esperar nuevas acciones judiciales para saber si las protecciones serán restauradas».
En octubre de 2026, el Supremo aplicó el precedente Mullin v. Doe —resuelto por seis votos contra tres en junio de ese año, que limita la revisión judicial de decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS— al caso venezolano, anuló el fallo favorable del Noveno Circuito y devolvió el expediente para reconsideración.
Fue entonces cuando, el 30 de octubre, el tribunal de apelaciones abrió el camino al restablecimiento del 6 de noviembre, decisión que ahora ha quedado en pausa.
La comunidad venezolana en el sur de Florida, concentrada especialmente en Doral, es la más expuesta a esta nueva demora.
Sin TPS activo, los beneficiarios carecen de protección formal frente a la deportación y no pueden renovar sus permisos de trabajo mientras dure la suspensión.
Los próximos pasos dependen de lo que ocurra antes de que venzan los 14 días: el Noveno Circuito deberá decidir si extiende la suspensión durante la apelación, cualquiera de las partes puede recurrir a la Corte Suprema, o bien la orden del juez Chen podría volver a operar si no hay nueva intervención judicial.
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