La Corte Suprema de Estados Unidos dio este lunes un nuevo giro al litigio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos al anular la sentencia de un tribunal inferior que había favorecido a los beneficiarios y devolver el caso para que sea reconsiderado bajo un precedente que restringe la revisión judicial de las decisiones del Gobierno sobre este programa migratorio.
La decisión fue emitida coincidiendo con el inicio del nuevo período de sesiones del máximo tribunal.
Según informó Univision, los jueces concedieron la petición del Gobierno, anularon la sentencia recurrida y remitieron nuevamente el expediente al tribunal inferior para que lo estudie a la luz de Mullin v. Doe.
El expediente oficial de la Corte Suprema, identificado como 26-48, Mullin v. National TPS Alliance, registra este lunes la decisión con la fórmula procesal: petición concedida, sentencia anulada y caso remitido para nueva consideración a la luz de Mullin v. Doe, 609 U.S. 324 (2026).
La lista oficial de órdenes de la Corte correspondiente al 5 de octubre también recoge las actuaciones del primer día del nuevo período judicial.
La medida es importante, pero no constituye una nueva decisión de fondo que declare terminado por sí misma el TPS venezolano.
Técnicamente, la Corte utilizó el procedimiento conocido como grant, vacate and remand (conceder, anular y devolver): aceptó revisar el caso, dejó sin efecto la sentencia anterior y ordenó al tribunal inferior reconsiderarla bajo el nuevo marco jurídico.
Ese marco proviene de Mullin v. Doe, resuelto por la Corte Suprema el 25 de junio de 2026. En ese fallo, relacionado con las cancelaciones del TPS de Siria y Haití, la mayoría concluyó que la ley de TPS impide a los tribunales revisar determinadas decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre la terminación de la designación de un país.
La disposición legal examinada establece que no existe revisión judicial de una «determinación» del secretario relacionada con la designación, extensión o terminación del TPS.
Ese criterio reduce considerablemente el margen que tienen los tribunales federales para mantener bloqueadas las cancelaciones del programa mediante demandas basadas en reclamaciones no constitucionales.
La decisión de este lunes llega apenas tres días después de que terminara el viernes último la protección del último grupo de aproximadamente 5,000 venezolanos que conservaba documentación vinculada al TPS con esa fecha de vencimiento.
Ese grupo estaba compuesto por personas que habían recibido determinados documentos migratorios antes del 5 de febrero de 2025 con fecha de expiración del 2 de octubre de 2026. Durante la prolongada batalla judicial, esas autorizaciones habían quedado protegidas temporalmente.
La cifra de unas 5,000 personas es una estimación y no un conteo definitivo. Telemundo informó que expertos calculaban que ese era aproximadamente el número de venezolanos que todavía conservaban permisos de trabajo vinculados al TPS hasta esa fecha.
Para quienes dependían exclusivamente del TPS para permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos, el vencimiento puede significar la pérdida tanto de la protección frente a la deportación como de la autorización de empleo.
Sin embargo, la orden emitida este lunes por la Corte Suprema no significa que todas las tarjetas de autorización de empleo hayan sido canceladas automáticamente.
La situación de cada permiso depende de la categoría migratoria bajo la cual fue expedido, su fecha de vigencia y de si el titular cuenta con otra base legal independiente para trabajar o permanecer en el país.
Por esa razón, una persona cuyo Documento de Autorización de Empleo (EAD) todavía muestre una fecha aparentemente vigente no debería asumir únicamente por lo impreso en la tarjeta que continúa autorizada para trabajar. La validez del documento debe analizarse junto con la situación migratoria que dio origen al permiso.
La complejidad se remonta a enero de 2025, cuando el Gobierno anterior había anunciado una extensión del TPS de Venezuela hasta el 2 de octubre de 2026. P
osteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración Trump anuló aquella decisión y avanzó con la terminación de las designaciones venezolanas.
Un documento oficial de USCIS y el DHS detalló que la revocación afectaba la extensión de 2025, la unificación de los procesos de las designaciones de 2021 y 2023 y determinadas extensiones automáticas de permisos de trabajo.
La batalla judicial permitió que el pequeño grupo con documentación que vencía el 2 de octubre de 2026 conservara temporalmente sus derechos, aun después de que la Corte Suprema permitiera previamente al Gobierno avanzar con la cancelación del TPS para cientos de miles de venezolanos.
En junio, la Corte Suprema ya había establecido en Mullin v. Doe importantes límites a la capacidad de los jueces federales para bloquear cancelaciones de TPS, en aquella ocasión en casos relacionados con Haití y Siria.
El precedente resulta ahora determinante para el litigio venezolano: el tribunal inferior deberá volver a evaluar el caso teniendo en cuenta que la Corte Suprema considera que la legislación del TPS restringe expresamente la revisión judicial de determinadas decisiones adoptadas por el DHS.
Para el sur de Florida, donde existe una numerosa comunidad venezolana en ciudades y zonas como Doral, Weston y Kendall, el cambio tiene consecuencias prácticas inmediatas para familias, trabajadores y empleadores que deben determinar si los permisos de trabajo de los afectados siguen siendo válidos por alguna vía distinta al TPS.
Los especialistas recomiendan revisar individualmente el EAD, los formularios I-797 e I-94 y cualquier trámite migratorio pendiente, además de consultar a un abogado de inmigración antes de continuar utilizando documentación cuya vigencia pueda depender exclusivamente del TPS.
La pérdida del TPS tampoco significa necesariamente que todos los afectados puedan ser deportados inmediatamente: algunos venezolanos tienen solicitudes de asilo, peticiones familiares u otros procedimientos abiertos que pueden proporcionarles una base migratoria distinta. Pero quienes no tengan otra protección podrían quedar expuestos a procesos de detención y deportación.
El caso se suma a una agenda migratoria especialmente intensa en la Corte Suprema. El nuevo período judicial también incluye disputas sobre deportaciones a terceros países y detención migratoria sin acceso automático a fianza, asuntos que pueden afectar directamente a miles de inmigrantes, incluidos cubanos.
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