Dieciocho organizaciones de la sociedad civil cubana radicadas en España y el Partido Liberal Clásico Cubano rechazaron la participación del régimen de La Habana en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, al considerar que su presencia legitima a un Gobierno que mantiene presos políticos y restringe las libertades fundamentales.
La declaración conjunta fue suscrita el jueves en Madrid, coincidiendo con la clausura de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada los días 4 y 5 de noviembre.
El documento enviado a CiberCuba considera una "profunda incongruencia política y moral" que una comunidad de naciones comprometida formalmente con los derechos humanos conceda reconocimiento y normalidad diplomática a un régimen que, según los firmantes, vulnera sistemáticamente las libertades de sus ciudadanos.
Las organizaciones sostienen que el sistema político encabezado por el gobernante Miguel Díaz-Canel y bajo la influencia determinante de Raúl Castro impide la alternancia política, persigue la discrepancia y criminaliza la protesta pacífica.
Como parte de sus argumentos, citan informes de la sociedad civil que registran unos 1,300 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba, una cifra cercana al máximo histórico de 1,372 presos documentado por Prisoners Defenders al primero de octubre de 2026.
La declaración también responsabiliza al régimen de la crisis económica y social que atraviesa la Isla, marcada por la escasez de alimentos y medicamentos, el deterioro de los servicios esenciales y la emigración masiva.
Los firmantes consideran que la presencia de representantes del Gobierno cubano en Madrid, sin exigencias democráticas claras ni una denuncia pública de la represión, "supone una afrenta a sus víctimas y a quienes defienden una Cuba democrática".
El texto interpela directamente al Gobierno español por su condición de anfitrión y reclama que su compromiso declarado con los derechos humanos se traduzca en decisiones y posiciones públicas coherentes. También advierte que "el diálogo internacional no debe convertirse en un mecanismo de legitimación incondicional de gobiernos autoritarios".
Entre sus principales demandas figuran una condena pública e inequívoca de las violaciones de derechos humanos en Cuba por parte de España y los gobiernos participantes, el reconocimiento de la sociedad civil independiente y de los opositores exiliados como interlocutores válidos, y la inclusión de la situación cubana en la agenda iberoamericana.
"Ninguna alfombra roja puede tapar las cárceles. Ninguna fotografía de familia puede borrar el sufrimiento de las familias separadas por la prisión y el exilio. Ningún protocolo diplomático está por encima de la dignidad humana", concluye la declaración.
La iniciativa se produjo durante una semana de actividad opositora en Madrid paralela a la cumbre. El miércoles, la activista opositora Rosa María Payá presentó ante unos 80 asistentes, entre embajadores, disidentes e intelectuales, un Plan de Transición Democrática de más de 50 páginas durante el foro "Cuba en el umbral", organizado por las plataformas Pasos de Cambio y Cuba Decide en el Hotel Wellington.
El encuentro fue interrumpido por una simpatizante del régimen cubano que intentó boicotear la presentación y terminó expulsada de la sala entre consignas de "¡Libertad!" y "¡Viva Cuba Libre!".
Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla encabezó la delegación cubana en sustitución de Díaz-Canel. Durante su intervención, centró sus críticas en las sanciones estadounidenses y reclamó respaldo iberoamericano al Gobierno de La Habana.
La declaración final de la cumbre, integrada por 20 puntos, rechazó la "coerción" y las medidas contrarias al derecho internacional, pero no mencionó explícitamente el embargo contra Cuba. Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se desmarcaron formalmente del punto cuatro del documento, una muestra de las diferencias entre los gobiernos participantes.
Archivado en: