La periodista Yoani Sánchez, directora del diario independiente 14ymedio, denunció este viernes que agentes de la policía política mantienen un operativo en los bajos de su edificio en La Habana para impedirle salir de casa, un día después de haber sido liberada tras casi nueve horas detenida en un calabozo de la Cuarta Estación Policial del municipio Cerro.
«En los bajos de mi edificio hay un operativo de la policía política para impedirme salir de casa este viernes», escribió Sánchez en su cuenta de X, donde la publicación acumuló miles de interacciones en pocas horas.
El jueves, tres agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil la abordaron a la fuerza cuando salía de su vivienda en Nuevo Vedado sin identificarse en ningún momento, la introdujeron en una patrulla policial y la trasladaron a la estación de la calle Infanta. Las autoridades le imputaron un presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, vinculado a su trabajo periodístico: el podcast Cafecito Informativo, el propio 14ymedio y sus cápsulas callejeras bajo el seudónimo «Andarina Sánchez».
«Quieren que me calle, quieren que me vaya, quieren que me silencie, quieren que apague los micrófonos. Pero no los voy a apagar», afirmó en un video publicado en Facebook en el que agradeció la solidaridad internacional que contribuyó a su liberación.
Pero Sánchez no usó ese espacio solo para hablar de su caso. Lo que presenció en los calabozos la llevó a lanzar una denuncia que, según sus propias palabras, no puede callar.
«He visto con horror como la mayoría de los detenidos en esa estación policial estaban allí por ser ilegales en La Habana. Personas que la policía para en la calle, revisa su carnet de identidad, no tienen una dirección de aquí, de La Habana, y no solamente son arrestados, son deportados forzosamente a su provincia», relató.
«Las dos palabras que más escuché estando en ese calabozo fueron ilegales y deportación», añadió, describiendo casos de personas que habían dejado hijos al cuidado de terceros antes de ser trasladadas a la fuerza a sus provincias de origen.
Esta práctica tiene respaldo legal en el Decreto-Ley 217, aprobado en 1997, que exige autorización administrativa previa para que cualquier cubano de otra provincia establezca residencia en la capital. Quienes no la obtienen pueden ser multados y deportados. Human Rights Watch documentó unas 20,000 expulsiones forzosas bajo esta norma. El pasado 2 de noviembre, un operativo del MININT en San Miguel del Padrón dejó 71 detenidos, entre ellos personas calificadas por las propias autoridades como «indocumentadas e ilegales» en la capital.
Sánchez también denunció la subordinación total de la Policía Nacional Revolucionaria a la Seguridad del Estado. «Denuncio la genuflexión, la total docilidad, el plegamiento absoluto de la Policía Nacional Revolucionaria a la seguridad del Estado. Es el verdadero poder en este país», señaló, describiendo cómo los agentes uniformados se paralizaban en cuanto un civil mostraba credenciales del G2.
El arresto de Sánchez se inscribe en una semana de represión intensa: la historiadora Alina Bárbara López fue golpeada y esposada el 1 de noviembre en Matanzas; la periodista Camila Acosta fue detenida dos días después; y el colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa fue arrestado el 2 de noviembre con confiscación de equipos. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el arresto de Sánchez y lo situó en un contexto más amplio de represión contra la prensa independiente cubana.
«Esto evidencia el terror, el control, la dictadura bajo la que estamos viviendo, que no podamos ni siquiera movernos libremente entre los municipios de nuestra ciudad», concluyó Sánchez.
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