
El gobernante Miguel Díaz-Canel defendió mantener operativas en tiempos de paz las estructuras concebidas para la guerra y pidió dar mayor autonomía a las zonas de defensa para gestionar los problemas cotidianos de las comunidades, ampliando su intervención en la vida económica y social del país.
La orientación sitúa a estas estructuras de defensa en tareas de gestión comunitaria, sin que la información oficial precise qué recursos tendrán para resolver los problemas de la población ni cómo se distribuirán las responsabilidades con las autoridades civiles.
Durante una sesión del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, como parte del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, Díaz-Canel respaldó que estos órganos continúen activos en los ámbitos político, económico y social, según informó la agencia estatal Prensa Latina, que citó a la Presidencia.
Díaz-Canel también orientó completar las Brigadas de Producción y Defensa y promover su participación en la actividad económica y social de los territorios donde operan. A los consejos de defensa de zona les pidió impulsar una mayor participación de la población en las tareas de cada localidad.
La información oficial no detalla qué facultades adicionales recibirían estas estructuras, con qué recursos contarían ni cómo se coordinarían con las autoridades civiles para atender los problemas comunitarios.
El llamado a una mayor autonomía también estuvo presente durante las actividades del ejercicio en Artemisa. Allí, Díaz-Canel insistió en elevar las capacidades económico-productivas de las zonas de defensa y aprovechar la tierra mediante la movilización popular. Asimismo, reclamó mayor insistencia en las soluciones a dificultades como el abastecimiento de agua, según otro reporte de Prensa Latina.
El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 se desarrolló los días 4 y 5 de noviembre. Según la versión oficial, las maniobras estuvieron dirigidas a preparar a los órganos de dirección, las tropas, la economía y el sistema defensivo territorial ante una posible agresión militar.
Mientras las comunidades enfrentan problemas de abastecimiento de agua y cortes de electricidad que trastocan la vida cotidiana, el discurso oficial vuelve a centrarse en perfeccionar estructuras y movilizar a la población.
Sin medidas concretas, recursos asignados ni plazos para ofrecer soluciones, las orientaciones divulgadas se quedan en la retórica, sin un plan de acción que permita a los ciudadanos saber cuándo y cómo serán atendidas sus necesidades.
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