La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió al Congreso de Estados Unidos restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes de países como Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua, cuyas protecciones migratorias han sido canceladas por la administración de Donald Trump.
La funcionaria reclamó una intervención urgente para evitar que más familias pierdan sus permisos de trabajo y queden expuestas a la deportación.
En una publicación en la red social X, Levine compartió una carta fechada el martes 10 de noviembre y dirigida a los principales líderes del Congreso, en la que solicitó actuar durante la actual legislatura, sin esperar a la próxima.
«Las elecciones de la semana pasada enviaron un mensaje claro. Los estadounidenses quieren que se ponga fin a las políticas migratorias que separan a las familias y que se tome un rumbo diferente», expresó la alcaldesa.
La funcionaria sostuvo que el Congreso tiene una oportunidad para alcanzar acuerdos y recuperar las protecciones de inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos, trabajando, criando a sus hijos y formando parte de sus comunidades.
«Estoy instando a los líderes del Congreso a restablecer el Estatus de Protección Temporal para las familias que han construido sus vidas aquí, criado a sus hijos aquí y pasado a formar parte del tejido social de Miami-Dade», afirmó.
La misiva está dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune; al líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries; y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.
También fue remitida a los miembros de la delegación congresional de Florida.
«En nombre de los 2,7 millones de residentes del condado de Miami-Dade, les escribo para instarlos a actuar rápidamente —en esta sesión, no en la próxima— para restablecer el Estatus de Protección Temporal», señaló Levine Cava en el documento.
La alcaldesa planteó tres medidas concretas: la primera consiste en restablecer por ley el TPS para los países cuyas designaciones fueron canceladas mientras persistan las condiciones peligrosas que impiden el regreso seguro de sus ciudadanos, entre ellos Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua.
También reclamó proteger el estatus migratorio y la autorización de empleo de quienes tienen o tuvieron recientemente TPS, para impedir que pierdan su sustento mientras el Congreso examina posibles soluciones.
La tercera petición busca recuperar mecanismos de revisión judicial de las cancelaciones y reforzar la supervisión legislativa sobre las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En ese punto, Levine Cava mencionó la propuesta Temporary Protected Status Review Act (Ley de Revisión del Estatus de Protección Temporal), presentada el 23 de julio de 2026 por la congresista demócrata de Florida Debbie Wasserman Schultz.
El proyecto pretende establecer procedimientos de revisión judicial de las decisiones que ponen fin al TPS y someterlas a mayores controles del Congreso.
La iniciativa, identificada como H.R. 9944, fue remitida a comités de la Cámara de Representantes y todavía no se ha convertido en ley.
Levine Cava recordó que, al comenzar 2025, un total de 17 países tenían designaciones de TPS que protegían aproximadamente a 1,4 millones de personas.
Según las cifras que presentó en su carta, desde entonces se han terminado 13 designaciones, con consecuencias para más de 1,1 millones de inmigrantes.
La alcaldesa defendió el papel de estas familias emigrantes en la economía de Miami-Dade. Mencionó a enfermeros, asistentes de atención médica domiciliaria, trabajadores de la construcción, personal de recuperación tras huracanes, empleados de restaurantes y propietarios de pequeños negocios.
También destacó que muchos de los afectados son padres de niños nacidos en Estados Unidos y que, durante años, han pasado verificaciones de antecedentes, pagado impuestos y renovado sus documentos cuando las autoridades se lo han exigido.
En su opinión, retirarles la protección migratoria no hace más seguras a las comunidades, sino que puede provocar pérdidas de empleo, afectar a los negocios locales y separar a familias establecidas desde hace años.
La funcionaria sostuvo, además, que las condiciones que motivaron la concesión del TPS no han desaparecido.
Señaló la violencia de las pandillas y la crisis humanitaria de Haití, así como la inestabilidad y los peligros que, según su valoración, siguen enfrentando Venezuela, Nicaragua y Honduras.
El TPS es un beneficio migratorio temporal que permite a ciudadanos de determinados países permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando sus territorios atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. No equivale a la residencia permanente ni concede automáticamente una vía hacia la ciudadanía.
En su carta, Levine Cava insistió en que el Congreso no debería esperar a nuevas elecciones o resoluciones judiciales para intervenir. «Nuestras familias no pueden esperar, y el Congreso tampoco debería hacerlo», concluyó.
Cuba no figura entre los países mencionados por Levine Cava y nunca ha tenido una designación de TPS. Los cubanos cuentan con otros mecanismos y categorías de protección migratoria, cuya elegibilidad depende de las circunstancias individuales.
El llamado de la alcaldesa se produce después de meses de decisiones administrativas y judiciales sobre el futuro de estas protecciones.
El 25 de junio, Levine Cava criticó públicamente una decisión de la Corte Suprema que permitió avanzar con la terminación del TPS para haitianos y sirios.
Posteriormente, en julio, la propia administración de Miami-Dade advirtió sobre las consecuencias económicas de la pérdida del TPS para miles de trabajadores haitianos, especialmente en sectores como la salud, la hotelería y otros servicios esenciales del sur de Florida.
Los inmigrantes de Honduras y Nicaragua también enfrentan restricciones. En febrero de 2026, un tribunal federal de apelaciones suspendió una decisión judicial que había bloqueado la cancelación del TPS para ciudadanos de esos dos países y de Nepal, permitiendo al Gobierno continuar provisionalmente con las terminaciones.
En el caso venezolano, una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito abrió inicialmente la posibilidad de restablecer el TPS el 6 de noviembre.
Sin embargo, una nueva resolución concedió una suspensión administrativa de 14 días, aplazando la recuperación de esas protecciones mientras continúa el litigio.
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