Pese a la victoria demócrata en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, analistas consultados por AP coinciden en que Cuba seguirá siendo un objetivo prioritario de la administración Trump durante los dos años que restan de su mandato, sin que el nuevo equilibrio de poder en el Congreso altere de forma significativa la política de presión máxima contra la isla.
La señal más contundente llegó apenas 48 horas después de los comicios: el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra el régimen cubano, designando ocho entidades y dos personas, y bloqueando cinco buques.
Entre los sancionados figura Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, por su participación en una red de compañías navieras dedicadas al transporte de crudo cubano.
El análisis de los expertos apunta a que el Congreso demócrata —que no asumirá el control hasta el 3 de enero de 2027— dispondrá de herramientas de supervisión legislativa como audiencias e investigaciones, pero no podrá revertir las sanciones ejecutivas ni levantar el embargo, que requiere acción legislativa bajo la Ley Helms-Burton.
Christopher Sabatini, del centro de estudios Chatham House, anticipa que los demócratas impulsarán audiencias sobre acuerdos petroleros con Venezuela y presionarán por la celebración de elecciones en ese país, pero no prevé un alivio significativo de la presión sobre Cuba.
El profesor Orlando J. Pérez, de la Universidad del Norte de Texas, ofrece una lectura adicional sobre las motivaciones de Rubio: «Un secretario de Estado con ambiciones presidenciales tiene todos los incentivos para buscar un resultado rápido en Cuba».
José Briceño, profesor del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de México, consideró una operación militar contra la isla «poco probable, dada la complejidad y los riesgos», aunque aclaró que nadie quiere descartarla del todo.
El propio Trump comparó la ideología del régimen cubano con la del Partido Demócrata en una comparecencia en la Casa Blanca el lunes, calificando a Cuba de «una nación que está fracasando» y pronosticando que «caerá bastante pronto».
Rubio, por su parte, reafirmó desde París —donde participaba en la reunión de cancilleres del G7— que Washington hará «todo lo que pueda» para encaminar a Cuba hacia un futuro mejor, aunque condicionó cualquier avance a que el régimen «despierte y comprenda que no hay futuro en el camino que siguen ahora».
Miguel Díaz-Canel respondió el martes con un mensaje desafiante, rechazando cualquier injerencia: «El futuro de Cuba no se decidirá jamás al norte».
Otro indicador de continuidad fue el nombramiento de Stephen Miller —principal arquitecto de la agenda migratoria dura de Trump— como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, cargo que asumió el lunes.
En agosto pasado, Rubio ya había advertido que Cuba estaría en un «camino irreversible hacia un futuro muy diferente» antes de que concluya la administración Trump, citando a Polonia como modelo de transición de tres a cinco años.
Desde enero de 2026, la administración ha ejecutado más de dos docenas de rondas de sanciones contra el régimen, afectando a más de 40 entidades y al menos 38 personas vinculadas a estructuras del aparato militar-empresarial cubano como GAESA y CUPET.
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