
Una joven de 21 años llamada Danaray Morales vive con su hijo pequeño en una vivienda habanera de al menos un siglo de antigüedad que las propias autoridades declararon inhabitable tras un derrumbe parcial, pero permanece allí porque el régimen no le ofrece ninguna alternativa.
Su caso es el eje de un reportaje publicado este miércoles por NBC News, firmado por los periodistas Orlando Matos, Carmen Sesin y Roberto León, que retrata la crisis habitacional en La Habana como una emergencia nacional ignorada por la dictadura.
El dilema que enfrenta Morales es el mismo que padecen cientos de familias en la capital cubana: quedarse en una estructura que puede colapsar en cualquier momento o quedarse sin techo. No hay una tercera opción porque el Estado, sencillamente, no la provee.
Las cifras que respaldan ese drama son demoledoras. Funcionarios cubanos estiman que alrededor de 1,000 edificios se derrumban cada año en La Habana, con víctimas mortales y familias desplazadas.
El déficit habitacional nacional supera las 929,000 viviendas, aproximadamente el 35% del parque inmobiliario se encuentra en estado regular o malo, y al cierre de 2025 la capital registraba 185,348 inmuebles deteriorados, de los cuales 46,158 necesitaban reparaciones capitales.
La respuesta del régimen ha sido la inacción sistemática. En 2025, el Estado terminó apenas 2,382 viviendas de las 10,795 planificadas, un cumplimiento del 22%. En 2018, el gobierno prometió superar en diez años un déficit de casi un millón de unidades; en 2026, ese déficit sigue intacto.
Las tragedias se acumulan con una regularidad que ya nadie en Cuba puede ignorar. El 20 de septiembre, dos ancianos murieron aplastados por el derrumbe del portal de su casa en el barrio Lawton, municipio Diez de Octubre, en una vivienda que presentaba deterioro grave previo.
Tres días después, una vecina del edificio de Dragones 165, frente al Capitolio, denunció en video el riesgo inminente de colapso de una estructura que colgaba sobre la escalera por donde transitaban a diario decenas de personas, incluidos niños. «Estoy cansada de llamarlos, y llamarlos, y llamarlos», dijo la mujer. «Cuando haya un muerto, entonces vendrán».
En noviembre de 2025, una madre y su hijo murieron en el derrumbe de su vivienda en La Habana Vieja, en la calle Compostela. En julio de ese mismo año, dos derrumbes en un solo día dejaron cuatro muertos, entre ellos una niña de siete años. Las lluvias de septiembre de 2026 provocaron 26 derrumbes totales y 122 parciales en la capital, con 148 personas trasladadas a centros estatales y 762 autoevacuadas.
El contraste con las prioridades del régimen resulta imposible de ignorar. Mientras el parque habitacional se desmorona, GAESA —el conglomerado militar que controla la economía cubana— acumula hoteles a través de su filial Gaviota que en 2026 operaban con una ocupación inferior al 10%.
Gaviota cerró 20 hoteles en Cayo Santa María, dejando sin empleo a más de 7,000 trabajadores, y solo 3,470 de más de 30,000 habitaciones vinculadas al conglomerado estaban operativas en estas semanas. En el primer semestre de 2023, la inversión en hoteles y restaurantes alcanzó 2,325.3 millones de pesos, frente a 583.3 millones destinados a salud y asistencia social.
La organización Human Rights Watch documentó en julio de 2026 que 76 personas desplazadas por derrumbes vivían hacinadas en una antigua escuela, sin baño, usando bolsas de plástico como alternativa sanitaria y con electricidad disponible solo dos o tres horas al día.
El patrón que describe el reportaje de NBC News es siempre el mismo: los vecinos denuncian el deterioro, las autoridades no responden, y la tragedia termina consumándose. La crisis de vivienda en Cuba no es el resultado de factores externos, sino de décadas de abandono deliberado por parte de un régimen que prefiere construir hoteles vacíos antes que darle un techo digno a su propio pueblo.
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