María Isabel Breto no ha tenido paz desde que su hijo Marco Antonio Alfonso Breto, de 24 años, fue encarcelado por participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio habanero de La Güinera.
Este viernes, la organización Justicia 11J publicó su testimonio en el marco de la campaña «Mujeres que sostienen la lucha», en el que denuncia el hostigamiento sistemático que ha sufrido desde entonces.
«Mi hijo no mató, no robó, no violó a nadie, no tiene por qué estar preso», afirma la madre en el video difundido por la organización.
Marco Antonio tenía 19 años cuando fue detenido tras las manifestaciones del 11J. La Fiscalía solicitó para él 15 años de prisión por sedición, aunque el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre lo condenó a nueve años, pena que luego fue reducida a cinco años de trabajo correccional con internamiento.
En noviembre de 2022, durante un permiso penitenciario, logró escapar y permaneció oculto en Cuba. Meses después intentó llegar por vía marítima a Estados Unidos, pero la embarcación fue interceptada y terminó en Bahamas.
Al conocer que sería deportado a Cuba, escapó de un centro de detención migratoria en Nassau y permaneció aproximadamente un mes escondido antes de ser recapturado.
Fue condenado a ocho meses de prisión en ese país. Su abogado solicitó asilo político ante las autoridades bahameñas y ante el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, pero la petición no prosperó.
El 2 de febrero de 2024, Bahamas lo deportó a Cuba. Fue trasladado primero a Villa Marista —sede de la Seguridad del Estado en La Habana— y luego al penal Combinado del Este, donde permanece recluido según el registro de Cubalex.
Su madre relata que el régimen no solo la privó de su empleo, sino que la sometió a llamadas amenazantes a cualquier hora de la madrugada.
«Ellos me botaron del trabajo. Me llamaban cada cinco minutos y me amenazaban: que lo vamos a coger, que te lo vamos a torturar, que de todos modos nosotros sabemos dónde está, y no me dejaban dormir, no me dejaban vivir», declaró.
Cuando fue a ver a su hijo en Villa Marista tras dos años sin contacto, las autoridades le impidieron tocarlo. «No me dejaron abrazar a mi hijo después de dos años sin verlo. Me dijeron: míralo nada más, no lo toques, no lo abraces», relató. «Sufrí mucho, pero no solté esta lágrima, fui muy fuerte».
La represalia más cruel, según denuncia, es la que se ejerce directamente sobre Marco Antonio: los agentes le advierten que si su madre habla o denuncia públicamente, «es peor para ti».
«Desde que mi hijo está preso yo no tengo paz, no tengo tranquilidad. Emocionalmente no soy la misma persona», confesó María Isabel.
El caso forma parte de la campaña «Mujeres que sostienen la lucha», lanzada por Justicia 11J en el quinto aniversario del 11J, que documenta 389 actos represivos contra 106 mujeres familiares de presos políticos entre julio de 2021 y octubre de 2026.
El jueves, Justicia 11J junto a otras organizaciones enviaron una carta abierta a la Federación de Mujeres Cubanas exigiendo que se pronuncie contra estas represalias y reconozca como violencia de género las prácticas documentadas, entre ellas desnudos forzados y coerción sexual contra familiares de presos políticos.
«Las madres que exigen justicia no deben ser castigadas por hacerlo. Sus voces también merecen protección y reconocimiento», señaló Justicia 11J.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.