
La organización Justicia 11J documentó 389 eventos represivos contra 106 mujeres familiares de presos políticos en Cuba entre el 11 de julio de 2021 y el 31 de octubre de 2026.
Los datos fueron publicados este miércoles el informe «Mujeres que sostienen la lucha». El texto señala que del total de casos reportados, 271 recayeron sobre 59 madres, esposas, hermanas e hijas de personas encarceladas directamente por las protestas del 11J, lo que equivale a aproximadamente siete de cada diez eventos registrados.
Las tácticas más empleadas por la dictadura, según el informe, fueron las citaciones e interrogatorios, con 102 eventos; las amenazas, con 87; las detenciones arbitrarias, con 77; y la vigilancia o el cerco policial de viviendas, con 69.
El informe también contabilizó 66 represalias en el contexto de las visitas a prisión: detenciones a la entrada o salida de los penales, retención de alimentos y medicamentos, confiscación de correspondencia y suspensión de visitas como castigo.
En 22 casos, según Justicia 11J, las autoridades utilizaron a la persona encarcelada como rehén: agentes amenazaron con trasladarla a centros alejados o con aplicarle represalias internas si sus familiares no cesaban en sus denuncias.
El patrón represivo se activó ante acciones concretas de defensa: publicaciones en redes sociales, asistencia a misas por detenidos, encuentros entre familiares y reuniones con representantes diplomáticos.
El informe revela además una dimensión de violencia de género que agrava el cuadro. La organización denunció episodios de desnudos forzados durante interrogatorios y requisas, así como amenazas de retirar la custodia de los hijos y otras formas de presión mediante la maternidad y la infancia.
La Seguridad del Estado fue identificada por la organización como principal responsable de los eventos documentados.
Al menos seis mujeres que comenzaron acompañando a un familiar preso terminaron siendo procesadas o encarceladas ellas mismas. Una de ellas recibió una condena de 14 años de prisión, según Justicia 11J.
Las mujeres entrevistadas para el informe perdieron sus empleos o dejaron de trabajar mientras asumían simultáneamente tareas de cuidado, trámites legales, provisión de alimentos y medicinas y denuncia pública.
Justicia 11J consideró que los hechos documentados reflejan «el incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger el vínculo familiar, garantizar un trato digno a las personas visitantes» y de proteger a las familiares frente a represalias. La organización afirmó que la vulneración de derechos de las afectadas «exige documentación, reconocimiento y respuesta».
El documento se divulga antes del inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, una campaña internacional que se celebra del 25 de noviembre al 10 de diciembre.
Justicia 11J contabilizaba 775 presos políticos en Cuba en abril de 2026, de los cuales 338 habían sido condenados por el 11J.
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