El Banco Central de Venezuela anunció este jueves que el Producto Interno Bruto del país creció un 7,42 % en el tercer trimestre de 2026 con respecto al mismo período del año anterior, acumulando así 22 trimestres consecutivos de expansión económica.
El resultado fue impulsado principalmente por la actividad no petrolera, que avanzó un 6,28 %, y por el sector privado en su conjunto, que registró un alza del 8,02 %, según la nota de prensa del organismo.
El sector de la construcción lideró el crecimiento con un salto del 35,75 %, explicado en gran medida por las inversiones destinadas a reparar los daños del doblete sísmico del 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país, dejando al menos 6,509 muertos y daños estimados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en torno a 6,700 millones de dólares.
Otros sectores también mostraron dinamismo: las actividades financieras y de seguros crecieron un 29,29 %; el turismo, un 8,95 %; la agricultura, un 7,13 %; y la manufactura, un 4,32 %.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez celebró los datos en su canal de Telegram y aseguró que «de cada 100 dólares ingresados por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14,710 millones de dólares».
Sin embargo, esa cifra contrasta de forma brutal con la realidad que viven los trabajadores venezolanos.
El salario mínimo legal permanece congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Al tipo de cambio oficial del BCV —que este viernes superaba los 911 bolívares por dólar— ese monto equivale a apenas unos 14 centavos de dólar al mes, según datos de la agencia EFE.
Para compensar sin modificar el salario base legal, el gobierno paga dos bonos que suman 240 dólares mensuales, depositados en bolívares a la tasa oficial. Sindicatos y trabajadores advierten que esos bonos no tienen incidencia en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades ni liquidaciones.
La brecha entre el crecimiento macroeconómico y el poder adquisitivo real de los venezolanos queda en evidencia con otro dato: según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesitó 761,35 dólares solo para alimentación en septiembre, un 0,79 % más que en agosto.
Esa cifra representa más de 4,800 veces el salario mínimo legal mensual.
El contexto financiero internacional añade otra dimensión al cuadro. Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Estados Unidos administra los ingresos petroleros venezolanos a través de una cuenta de custodia. Entre enero y septiembre, Washington recibió unos 12,260 millones de dólares y devolvió el 98,7 % de esos fondos a Venezuela.
La CEPAL había proyectado en abril pasado un crecimiento del PIB venezolano de 6,5 % para 2026, el mayor de Sudamérica, tras una expansión de 8,9 % en 2025. La recuperación parte, no obstante, de una contracción acumulada de más del 80 % del PIB entre 2014 y 2021, una de las más severas registradas en tiempos de paz en el hemisferio.
El BCV describió el trimestre como una señal de «mayor confianza de los agentes económicos en el aparato productivo nacional», pero sindicalistas y trabajadores de varios sectores advierten que ese crecimiento no ha llegado a los bolsillos de quienes sostienen la economía con su trabajo diario.
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