ETECSA reconoció públicamente esta semana que existen «dificultades que afectan la calidad de los servicios» de telefonía fija e internet, y señaló el uso de amplificadores o repetidores de señal móvil como una de las causas del deterioro, pidiendo a los cubanos que abandonen esa práctica.
En una infografía publicada en sus redes sociales, el monopolio estatal de telecomunicaciones afirmó que estos dispositivos «provoca interferencia en radiobases y degrada el servicio celular de otros usuarios» y cuantificó el problema: existen alrededor de 180 sitios móviles afectados por esta causa, con el 44% de ellos concentrados en La Habana.
En un segundo comunicado, ETECSA amplió la lista de factores que explican el deterioro: la crisis energética —«la red necesita electricidad en cada uno de sus puntos» y el respaldo disponible «no es suficiente»—, el vandalismo sobre la infraestructura, la obsolescencia tecnológica y el crecimiento de la demanda ante una red limitada.
Las consecuencias del uso de amplificadores ilegales que describe la empresa incluyen caída de señal en la zona, reducción de la velocidad de internet e imposibilidad de realizar llamadas de emergencia.
En paralelo, el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) publicó sus propias infografías para advertir que la detección de estos equipos no es aleatoria: «Se realiza mediante sistemas de comprobación técnica que monitorean el espectro y permiten identificar equipos que generan interferencias», señaló el ministerio, advirtiendo que los infractores enfrentarán decomiso de equipos y multas.
El MINCOM recordó además que el uso e importación de repetidores de señal móvil está prohibido en Cuba conforme al Decreto-Ley 35, que prevé multas de hasta 2,000 pesos para personas naturales. La Resolución 1/2026, en vigor desde julio de este año, reforzó esa prohibición al vedar expresamente la importación de estos dispositivos.
Lo que el régimen omite en su campaña es la razón por la que los cubanos recurren a estos aparatos: la señal 4G de ETECSA no llega a todas las regiones del país, y la empresa acumula un historial de fallos estructurales que nada tienen que ver con los particulares.
El contexto es devastador. Durante el apagón nacional del 18 de septiembre —el octavo colapso total del Sistema Eléctrico Nacional registrado en 2026—, más del 80% de los sitios de radiobases quedaron fuera de servicio y el tráfico de internet cayó un 58%. La recuperación tardó aproximadamente 32 horas.
A eso se suman los robos: en Camagüey, ETECSA reportó la pérdida de más de 2,000 metros de cable de acometida por vandalismo sistemático contra su infraestructura, con algunos sitios afectados hasta tres veces. La empresa acumuló cerca de 77,000 reportes de interrupciones de telefonía fija hasta septiembre de este año.
Para los críticos, señalar a los amplificadores de particulares como causa del deterioro del servicio es una maniobra para desviar la atención de las responsabilidades estructurales del monopolio estatal, cuya red opera con tecnología obsoleta y apenas la mitad de sus 2,520 radiobases cuenta con algún respaldo energético.
No es la primera vez que el régimen lanza esta campaña: en febrero de 2022, el MINCOM ya había advertido sobre la ilegalidad de los amplificadores, y en julio de 2025 la UPTCER ejecutó un decomiso de equipos GSM y LTE ilegales en Mayabeque. La ofensiva actual se enmarca en una persecución más amplia del régimen contra tecnologías de conectividad que escapan al control estatal.
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