El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este viernes revisar la legalidad de la prohibición de asilo impuesta por la administración Trump en la frontera sur, en una decisión que podría redefinir el acceso a la protección internacional para miles de migrantes, incluidos los cubanos.
El caso, Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (n.º 26-239), fue admitido de forma limitada a dos preguntas: si la proclamación presidencial que suspende el asilo es legal, y si la ley federal prohíbe la tutela colectiva dictada por un tribunal inferior.
La Proclamación n.º 10.888, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, declaró una supuesta «invasión» en la frontera sur e invocó poderes presidenciales de emergencia para suspender la entrada de extranjeros que cruzaran irregularmente y bloquear su acceso al proceso de asilo.
La medida ordenó además la repatriación inmediata de quienes la violaran, y las guías informales del Departamento de Seguridad Nacional instruyeron a los agentes a no formular preguntas sobre miedo y a remitir solo a quienes manifestaran espontáneamente temor a la tortura a una evaluación restringida bajo la Convención contra la Tortura.
Dos tribunales federales ya declararon ilegal esa proclamación. El tribunal de distrito del Distrito de Columbia anuló la medida en julio de 2025, y el Circuito de D.C. confirmó esa decisión en abril de 2026. Sin embargo, el mandato de ese fallo permanece suspendido, lo que significa que la prohibición sigue vigente en la práctica mientras el litigio continúa.
La decisión del Supremo sobre el asilo podría tener consecuencias directas para miles de cubanos en la frontera. Sigue todos los detalles y novedades en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Para los cubanos que intenten llegar a la frontera sur, esto no cambia nada de inmediato: quien cruce entre puertos de entrada no puede acceder al proceso ordinario de asilo. En el mejor de los casos, si expresa espontáneamente miedo a ser torturado, puede ser remitido a una evaluación CAT, una vía más estrecha que no conduce directamente a la residencia permanente.
Es fundamental distinguir entre el asilo y la Ley de Ajuste Cubano, que son vías completamente distintas. El ajuste cubano no exige probar persecución, pero sí requiere haber sido inspeccionado, admitido o puesto en libertad condicional (parole), y acumular al menos un año de presencia física.
Muchos cubanos que cruzaron entre 2021 y 2023 recibieron un formulario I-220A —orden de libertad bajo reconocimiento— que no equivale a parole y no satisface ese requisito, según ha confirmado la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Este caso es el tercero de un período del Supremo especialmente denso en materia migratoria. El nueve de diciembre se celebrarán los alegatos orales en DHS v. D.V.D. (n.º 26-426), sobre deportaciones a terceros países sin aviso previo, un caso encabezado precisamente por un cubano que litiga bajo seudónimo.
También está pendiente Rhoney v. Barbosa da Cunha (n.º 26-104), sobre detención sin fianza de quienes entraron sin admisión formal, que afecta directamente a cubanos retenidos en Texas y Louisiana.
El panorama para los detenidos en esos estados es especialmente adverso. El abogado cubanoamericano Wilfredo Allen advirtió esta semana que el Quinto Circuito, que cubre la mayoría de los centros de detención de inmigración, es el peor lugar para un inmigrante detenido en el país, tras un fallo reciente que dificulta gravemente el acceso al habeas corpus en esa jurisdicción.
El Gobierno defiende la proclamación argumentando que ha reducido los cruces irregulares un 93%, hasta los niveles más bajos desde los años 1960. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la calificó de «herramienta indispensable para mantener el control operativo de la frontera».
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, rechazó esa justificación. «El presidente no tiene derecho a anular unilateralmente las protecciones que el Congreso otorgó a quienes huyen del peligro», declaró Lee Gelernt, abogado principal del caso. «Esperamos con interés presentar nuestros argumentos ante el Supremo».
Los alegatos orales en Mullin v. RAICES se esperan en la primavera de 2027, con una decisión definitiva antes de finales de junio de ese año. Ante la complejidad del panorama legal, los expertos recomiendan a cualquier cubano con un proceso migratorio abierto consultar a un abogado especializado en inmigración antes de tomar cualquier decisión.
Vídeos relacionados:
Archivado en: