El economista Pedro Monreal publicó este viernes un análisis demoledor sobre la pobreza y la protección social en Cuba, en el que desmonta las estadísticas oficiales del régimen y propone un rediseño estructural del sistema para devolver a los más vulnerables «un ingreso predecible, un derecho exigible y la dignidad de no depender de la caridad».
El documento, titulado «Cuba: vulnerabilidad imprecisa, asistencia social insuficiente, y miseria sin luz al final del túnel», expone una brecha abismal entre tres cifras que coexisten sin explicación oficial: el régimen reconoce 883,436 personas en situación de vulnerabilidad; la ONU asiste a dos millones en su Plan de Acción 2026; y la socióloga Dra. Mayra Espina estima que 6,45 millones de cubanos —el 66% de la población— viven en pobreza económica.
Frente a esas cifras, el presupuesto estatal de asistencia social en 2025 cubrió a apenas 303,298 beneficiarios efectivos.
Monreal, quien es un prestigioso economista de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), advierte que la confusión no es accidental. «El gobierno puede anunciar que identificó 883,426 vulnerables y al mismo tiempo pagar asistencia solo a 303,298 beneficiarios en 2025, sin violar ninguna norma, porque la primera cifra no es un compromiso presupuestario, es un diagnóstico. La segunda sí lo es», escribe.
Esa distinción es clave: ser «vulnerable» en Cuba equivale a figurar en un listado para posibles ayudas, sin garantía alguna. Ser «beneficiario» implica un derecho reconocido con asignación presupuestaria.
Pero para acceder a ese derecho deben cumplirse tres condiciones simultáneas: no poder trabajar por razones de salud o discapacidad, no tener ingresos suficientes para cubrir alimentación y medicamentos, y carecer de familiares obligados a prestar ayuda. Si falta una sola de esas condiciones, no hay derecho a recibir asistencia.
El resultado es un sistema que el propio Monreal califica de «régimen residual, no contributivo, condicionado a no poder trabajar, no tener familia que apoye, y no tener ingresos».
El análisis revela además que la protección social real en Cuba no proviene del Estado, sino de las remesas familiares y la ayuda humanitaria externa. El Presupuesto 2026 asignó 6,000 millones de pesos a asistencia social, equivalentes a apenas 6,6 millones de dólares al tipo de cambio informal. Las remesas, estimadas conservadoramente en 1,000 millones de dólares, superan ese gasto en más de 140 veces.
Pero esa protección es profundamente desigual: solo el 37% de los hogares cubanos recibe remesas, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El 63% restante queda a merced de una asistencia estatal insuficiente.
La ayuda humanitaria de la ONU ha beneficiado acumulativamente a 1,7 millones de personas en Cuba hasta septiembre de este año, es decir, 5,6 veces más que el presupuesto estatal de asistencia social. La comunidad internacional ha comprometido unos 250 millones de dólares en ayuda humanitaria en especie para 2026, frente a los 6,6 millones del Estado cubano.
Este escenario lleva a Monreal a una conclusión contundente: «La protección social en Cuba ya no se sostiene por el presupuesto de asistencia social, sino por remesas y la ayuda humanitaria externa. Cuando un Estado depende de donaciones para alimentar a sus vulnerables, la discusión sobre si debe llamarse o no 'crisis humanitaria' se vuelve secundaria: el problema existe, se agrava, y la etiqueta no lo resuelve».
El análisis se publica días después de que Monreal diera un paso político inusual al defender el Estado democrático de derecho como condición necesaria para cualquier transformación económica real en Cuba, en el marco del proyecto «Cuba Transformación», elaborado junto a cuatro economistas más.
«Cuba no necesita elegir entre mercado y protección social. Necesita un Estado que garantice un piso de protección con derecho, financiado con recursos propios y no con donaciones, y una economía que genere los ingresos para sostenerlo», concluye Monreal.
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