Armando Antonio Calvo Forte, un jubilado de 83 años vecino del reparto Naranjal Norte en Matanzas, lleva más de dos años intentando cobrar la indemnización por la destrucción total de su automóvil, aplastado por un camión estatal que circulaba sin revisión técnica desde 2019.
Su caso, difundido en Facebook por la historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández, expone una cadena de irregularidades institucionales que él mismo describe como un despojo deliberado.
El accidente ocurrió el 26 de febrero de 2024, cuando un camión-concretera de la Empresa de Paneles Prefabricados y Premezclado de Matanzas impactó su Skoda Octavia amarillo, estacionado frente al garaje de su vivienda. Según el propio Calvo Forte, el vehículo «sin somatón desde el 2019, tenía problemas de freno, no retenía el aire en los tanques, las mangueras de freno estaban amarradas con alambre al chasis de la rueda delantera, no tenía sistema de emergencia y el telescópico de la barra del timón desconectado del sistema». Los técnicos policiales confirmaron ese diagnóstico.
Desde la primera noche, las instituciones actuaron en su contra. En la estación policial de La Playa, el acta fue redactada sin tomar su declaración, y un dirigente de la empresa identificado como Eliecer lo presionó para que firmara. El anciano se negó. Durante semanas, la policía le negó el número de denuncia, impidiéndole contratar abogado. Solo gracias a la intervención del mayor Osmani, segundo jefe de la estación, obtuvo el número —denuncia 3536/24— y pudo brindar su versión de los hechos.
El peritaje técnico de la empresa estatal Inter Mar S.A. certificó que el vehículo presentaba un 57% de afectación total: 53,3% en carrocería y 62,5% en elementos mecánicos. El informe concluyó que «el vehículo tiene deformada totalmente su estructura con señales evidentes de esta deformación en columnas, piso, bastidor, puertas desajustadas, y pared de fuego además de daños en elementos mecánicos». El carro fue dado de baja por el destrozo.
El juicio oral se celebró el 28 de agosto de 2025 en el Tribunal Municipal de Matanzas. Dirigentes de la empresa reconocieron en sala que habían autorizado al camión a circular en mal estado técnico. Aun así, la sentencia N° 39 de 2025 responsabilizó únicamente al chofer, Luis René Caballero Caballero, y lo condenó a pagar 2 millones de pesos cubanos —equivalentes a unos 4,000 dólares en el momento de la emisión— sin imputar responsabilidad alguna a la empresa.
Lo que siguió agravó el perjuicio. La sentencia, fechada el 3 de septiembre de 2025, no le fue entregada hasta fines de octubre de 2026, más de un año después. El tribunal alegó que «no había electricidad» para imprimirla. Cuando Calvo Forte regresó al día siguiente con una estación de energía portátil para facilitar la impresión, le respondieron que «eso no estaba permitido».
Con el documento en mano, el anciano acudió a la Caja de Resarcimientos, entidad del Ministerio de Justicia encargada de gestionar estos pagos. La respuesta fue que no podían proceder porque el tribunal nunca les había remitido la «Notificación sobre Indemnización» requerida por la normativa vigente. El dinero sigue sin llegar.
Mientras tanto, la devaluación continua del peso cubano erosiona cada mes el valor real de la indemnización fijada. Y el tiempo corre en contra de un hombre que vive de su jubilación y cuida a una hija de 62 años enferma y encamada. «Soy un hombre de 83 años, sin más medios de vida que mi jubilación, con una hija de 62 años enferma a mi cuidado, y abandonado por una ley que no me protege y por funcionarios insensibles», declaró.
López Hernández, quien enfrenta un proceso penal con solicitud de cuatro años de prisión por su activismo, no duda en señalar la intención detrás de las demoras: «Creo que, por la avanzada edad de Armando, están demorando todo para ver si fallece antes de poder recibir la indemnización».
Las quejas por abandono institucional de los jubilados cubanos se han multiplicado en los últimos meses. Una encuesta de la organización ASIC a 506 jubilados reveló que el 99% consideraba que su pensión no alcanzaba para cubrir alimentos, vivienda ni medicamentos, y el 98,8% percibía abandono por parte del Estado.
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